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    La opacidad en la Administración General del Estado Destacado

    Lunes, 03 de Octubre de 2016 1294

    El pasado 28 de septiembre se celebró el Día Internacional del Derecho a Saber, también conocido como Día Internacional del Acceso a la Información.

    En España, este derecho se reguló con la publicación en el BOE el 10 de diciembre del 2013, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

    Desde la FEP-USO lamentamos profundamente que transcurridos ya casi tres años desde su publicación, las administraciones públicas han hecho de esta Ley una mera declaración de buenas intenciones, sin ninguna vocación de cumplirla ni de desarrollarla reglamentariamente, despreciando el derecho que ayer se conmemoró a nivel mundial.

    El Defensor del Pueblo calificó el procedimiento para la petición de información de disuasorio, al exigir al peticionario el dni, el correo electrónico, pero además consignar un número de cuenta corriente asociado a una plataforma de la Agencia Tributaria. Esto no ocurre en países como Reino Unido o Estados Unidos, donde el procedimiento se simplifica con un simple correo electrónico, y la ciudadanía recibe la información solicitada con normalidad y fluidez. Y en efecto, se constata que se produce el efecto deseado: en todo un año se han recibido en el portal nacional 4.000 solicitudes de información, frente a las 45.000 recibidas por el organismo británico en el mismo período.

    La Ley promovió la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano que debe velar el cumplimiento de la Ley. Sin embargo, es la propia Administración General del Estado la que evita su cumplimiento, llegando incluso a judicializar aquellas resoluciones del Consejo que le instan (el Consejo, ante la falta de reglamentación de la Ley, no tiene potestad sancionadora y sólo puede “instar”) a atender la solicitud de información de cuestiones, previamente denegadas.

    Sirva de ejemplo (y como éste se podrían citar muchos más), como el Ministerio de Defensa se negó a rendir cuentas sobre el uso de los aviones oficiales para el traslado de autoridades, recurriendo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid una resolución del Consejo de Transparencia (CTBG) que le insta a ofrecer los datos de los acompañantes en los vuelos de altos cargos del Estado, a excepción de los traslados del Rey y del presidente del Gobierno, que están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales.

    Desde la FEP-USO queremos poner de relieve que los empleados públicos actuamos con eficacia y garantía al servicio de la ciudadanía, con objetividad y TRANSPARENCIA en el desarrollo de la función pública que nos está encomendada, y exigimos que dichos principios sean una realidad en todos los estamentos de la Administración Pública, desarrollando y cumpliendo la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

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