Jueves, 16 de Julio de 2020

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    La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha expresado su apoyo a los sindicalistas conocidos como los 'Ocho de Airbus', y ha pedido la retirada de los cargos presentados en su contra por su actuación durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010.

    En la jornada final del Congreso de la CES en París, la Asamblea debatió el tercer y último pilar del plan de acción, titulado “La lucha contra el dumping social”. En este marco, la USO ha advertido del riesgo de debilitamiento de los sistemas públicos de pensiones y ha expresado claramente su desacuerdo con la promoción de planes de pensiones privados de empleo que en España se abonan en concepto de salario diferido. Al término de un largo debate sobre las enmiendas de este tercer pilar, el plan de acción fue aprobado por la mayoría de los delegados.

    La primera jornada del 13° Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos ha celebrado un debate sobre la tragedia del desempleo de los casi 5 millones de jóvenes parados en la UE. La llamada « Garantía Juvenil», impulsada por la Comisión Europea con un presupuesto inicial de 6.000 millones de euros, sólo es un primer paso en la dirección de una solución a este inmenso problema.

    El debate sobre negociación colectiva ha marcado el inicio de la tercera jornada del 13° Congreso de la CES dejando claro que los dirigentes sindicales europeos son conscientes del peligroso debilitamiento de su influencia en los resultados de la concertación. De hecho, los gobiernos europeos están reduciendo cada vez más el margen de maniobra de los sindicatos en un claro intento de debilitar su energía en pro del progreso social y su resistencia hacia las políticas ultraliberales.

    Los líderes sindicales europeos han exigido la puesta en marcha de un ambicioso acuerdo climático que incluya una “transición justa” para los trabajadores, con el lema ‘Nuestros puestos de trabajo dependen de nuestro planeta’ y ‘Clima y Empleo, misma lucha”.

    “Una sociedad justa con empleos de calidad y derechos para los trabajadores” es el lema del 13° Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que hasta el 2 de octubre reúne en París a 500 delegados sindicales de 90 organizaciones procedentes de 39 países. La Unión Sindical Obrera está presente con una delegación encabezada por el secretario general, Julio Salazar; el secretario de Acción Internacional, Javier de Vicente; la secretaria general de USOC, María Recuero, y la representante de USO en Bruselas, Marie Homburg.

    La CSI ha expresado su apoyo al llamado de las Naciones Unidas que insta a los países europeos a aceptar, inicialmente, hasta 200.000 migrantes y a colaborar en la gestión de la entrada masiva de personas procedentes de Oriente Medio y el Mediterráneo.

    La CES celebra su 13 Congreso del 29 de septiembre al 2 de octubre

    Según informa la Confederación Europea de Sindicatos, de la que USO forma parte, las organizaciones empresariales y los sindicatos de la Unión Europea han acordado un programa de trabajo para 2015-2017, en el que se analiza en profundidad el empleo en Europa.

    Este quinto programa de trabajo autónomo de los interlocutores sociales europeos, titulado “Una asociación para un Crecimiento y un Empleo inclusivos”, establece la hoja de ruta para desarrollar acciones conjuntas durante el periodo 2015-2017. Asimismo, los interlocutores sociales han realizado un análisis conjunto en profundidad del empleo y del funcionamiento de los mercados de trabajo europeos.

    Antes las enormes discrepancias surgidas entre los eurodiputados, el pasado día 10 de junio, el Parlamento Europeo se vio obligado a retirar la votación sobre el informe de la Comisión INTA del Parlamento Europeo favorable al Tratado Transatlántico para el Comercio y las Inversiones (TTIP). Sobre él pesaban las firmas de casi 2 millones de ciudadanos europeos que suscribieron una Iniciativa Ciudadana en contra del Tratado.

    En el centro de las críticas al informe estaba la propuesta de mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS), que permitiría a las multinacionales demandar a los Estados ante tribunales privados si éstos adoptan normativas que puedan perjudicar sus ganancias comerciales.

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