Viernes, 15 de Noviembre de 2019

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    USO-Cantabria ha denunciado ante Inspección de Trabajo las graves carencias de elementos de protección de algunos equipos de trabajadores municipales. En concreto, la falta de EPIS en determinadas actividades como la fumigación sin máscara ni ropa adecuada; la manipulación de tuberías sin las medidas de protección que establece la normativa para trabajos con exposición a este componente, o la aplicación de herbicidas que contienen glifosato sin la dotación de material de protección individual adecuado.

    La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha exigido al Servicio Público de Sanidad en Castilla y León la inminente reforma de Urgencias debido a la falta de recursos del servicio. USO había denunciado ante Inspección el alto riesgo con el que trabajan los médicos, enfermeros, auxiliares y celadores en Urgencias del hospital leonés, y la autoridad laboral ha señalado que “las deficiencias del servicio generan riesgos ergonómicos para los trabajadores y dificultades para el uso correcto de equipos e instalaciones”.

    La Inspección de Trabajo de Badajoz ha levantado un acta de infracción al CPEI por no haber procedido en tiempo y forma el alta en la Seguridad Social de un trabajador en 2018. Los hechos fueron denunciados por USO ante la Inspección, al conocerse la situación de un bombero que trabajaba sin estar dado de alta.

    En unos tiempos en los que una de las mayores preocupaciones para regular el mercado de trabajo es la efervescencia de las jornadas y hasta el propio lugar de trabajo, asistimos al intento apresurado e improvisado de resolver los excesos de jornadas con un nuevo decreto “falto de imaginación, exprés, sin consenso y que traslada la responsabilidad última de su aplicación a los comités de empresa y la propia dirección de esta”, lamenta Joaquín Pérez, secretario general de USO.

    USO Extremadura denuncia que un empleado de la empresa de limpieza viaria FCC en Badajoz ha sufrido un golpe de calor mientras trabajaba a pleno sol en el entorno de Lusiberia, a las dos de la tarde el pasado domingo. En plena ola de calor, el operario fue enviado a realizar dichas tareas a un lugar “sin sombra ni agua”, denuncia Juan Bazaga, portavoz de USO Extremadura. “El empleado advirtió de todo ello al encargado de turno, pero lo obligó a acudir igualmente”, continúa Bazaga.

    La Inspección de Trabajo se ha puesto las pilas para proteger a los riders, la nueva clase de trabajadores de la economía colaborativa. “Se trata de falsos autónomos, porque estas plataformas –Deliveroo, Glovo, etc.- organizan la jornada de trabajo de los riders, les controlan con una aplicación y fijan la retribución que estos trabajadores perciben”, concreta Joaquín Pérez, secretario general de la USO.

    El pasado 23 de junio, USO denunciaba en rueda de prensa las precarias condiciones en las que se estaba desarrollando el Transporte Sanitario desde que a la empresa Ferrovial se le adjudicó el servicio, tanto a nivel de prestación del mismo como en relación a las condiciones laborales de los trabajadores.

    La Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de Ley que solicita estudiar la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a fin de que contemple a nuevos colectivos de trabajadores y trabajadoras, e insta al nuevo Gobierno a incrementar los recursos presupuestarios, aumentando el número de inspectores de trabajo.

     

    El pasado 21 de Julio se aprobó la nueva Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo. La nueva normativa era necesaria para dotar a la Inspección de un nuevo marco jurídico adaptado a los traspasos de competencias realizados a las comunidades autónomas, sin embargo, en algunos aspectos de la Ley el tono propagandístico es evidente. El Gobierno ha venido orientando gran parte de la actuación de la Inspección a lo que llaman la persecución del fraude, responsabilizando de éste principalmente a trabajadores, desempleados y emigrantes.

    El Senado aprobó el pasado 10 de julio, de forma definitiva y sin modificaciones, la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que pretende intensificar la coordinación en la lucha contra el fraude laboral y el empleo irregular.

    El pleno del Senado ha rechazado 80 enmiendas presentadas por la oposición y ha aprobado el texto legal con los votos del PP y la abstención del resto de los grupos, por lo que el proyecto de ley ha quedado definitivamente aprobado al no haberse modificado durante el trámite en la Cámara Alta.

    La nueva ley contempla la creación de una nueva oficina de lucha contra el fraude para detectarlo y programar y ejecutar actuaciones inspectoras y también plantea una mayor participación de las comunidades autónomas y los interlocutores sociales.

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