USOCv denuncia a la cúpula de la Consellería de Agricultura por prevaricación y malversación

Tras la denuncia presentada por el sindicato Unió Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (USOCV) por encomiendas de gestión suscritas por la Conselleria con la empresa Tragsa, la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal para investigar si la Conselleria de Agricultura ha contratado de forma irregular con la empresa pública Tragsa.

La denuncia presentada por el sindicato USOCV versa sobre las encomiendas adjudicadas a la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, en detrimento de la empresa pública de la Generalitat Vaersa.

USO divide la citada denuncia en varias partes. Por un lado afirma que existe prevaricación porque los denunciados se saltan una norma europea, a sabiendas, al seguir contratando con Tragsa como medio propio pese a que dicha empresa depende del Ministerio de Medio Ambiente y no de Generalitat. Según los denunciantes, al no ser un medio propio no podían adjudicarle una encomienda de gestión sin pasar por concurso público. Se da la circunstancia de que Medio Ambiente es el ministerio donde la consellera tiene plaza fija como alta funcionaria.

Además, según USO, tampoco podían darle a Tragsa las obras porque “existe un delito de prevaricación por violar la Ley de Contratos del Sector Público, al no optar por la opción más barata”, algo que es obligatorio. De hecho, en el contrato para la erradicación de la mosca de la fruta, el contrato de Tragsa es 1,28 millones de euros más caro que el de Vaersa y, aun así, la Conselleria optó por Tragsa en lugar de Vaersa.

En este sentido, el sindicato USO lleva meses denunciando que solo el 10% de los contratos y encomiendas de gestión van a parar a Vaersa, a pesar de que siempre es la opción más barata. La tercera pata de la denuncia también hace referencia a esto último, ya que el sindicato considera que además de prevaricación, también hay un delito de malversación por optar a sabiendas a la opción más cara.

Por último, el sindicato denuncia “la existencia de un delito fiscal, en grado intentado, pues aun no se ha efectuado (salvo que hayan eludido ya los pagos trimestrales del IVA), por la pretensión manifestada por escrito de elusión del IVA”. El sindicato se refiere a que, al no ser un medio propio, pues Tragsa depende del Ministerio de Medio Ambiente, no puede estar exento del pago del IVA, un 21 por ciento, como sí que lo está Vaersa. De hecho, y según ha podido saber este periódico, USO presentará en los próximos días otra denuncia, esta vez a Hacienda, por el impago del IVA desde la Conselleria de Agricultura.

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