Una de las cualidades que históricamente más han fastidiado a los Políticos es la independencia de los Funcionarios Públicos, los cuales, una vez obtenido su Puesto de Trabajo a través de los correspondientes Concursos, celebrados bajo las premisas de igualdad, mérito y capacidad, lo ocupan de forma inamovible, salvo, claro está, la aplicación del Régimen Disciplinario con resultado de falta grave o muy grave, que puede terminar con la sanción de separación del servicio.
Con la intención de doblegar a los Funcionarios Públicos se han diseñado múltiples estrategias, que van desde el abuso de la contratación laboral -en la que la amenaza del despido es más fácil de llevar a la práctica, sin olvidar los EREs, ahora tan de moda-, los puestos de libre designación -en los que si te mueves, dejas de salir en la foto-, o algo tan de moda, como las comisiones de servicio -en la que se permanece sine die siempre que demuestres tus dotes de docilidad-. Sin olvidar otro tipo de intento de compra venta, como productividades, gratificaciones, formación, etc., a las que se accede arbitrariamente, en base a criterios de afinidad con el Gestor de turno…
Pero a pesar de ello, y de los recortes económicos y sociales con que nos premian todos los Políticos… -insistimos, todos- los Empleados Públicos en general seguimos fieles a nuestra independencia, y sobre todo, seguimos fieles al cumplimiento de la Ley y a la Defensa de los Servicios e Intereses Públicos, que como Servidores de los mismos que somos, nos corresponden.
Quién no ha tenido que sufrir la esperpéntica situación de tener que decirle a algún superior “eso usted me lo ordena por escrito, porque sino no lo hago…” como única defensa ante mandatos y/o instrucciones de dudosa legalidad… Y que pocos de esos Gestores han reiterado el mandado y/o instrucción por escrito…
Pues bien, algunos Políticos, ante esta realidad -que por lo visto tanto les molesta- pretenden dar una nueva vuelta de tuerca a la situación… y están vendiendo la milonga de que “los Empleados Públicos no son responsables en sus actuaciones ante la obediencia debida”… Simplemente eso es mentira… Y más concretamente, según se desprende de informaciones publicadas en diversos medios de comunicación se atreven a decir: “la actuación de los trabajadores de las administraciones públicas catalanas en el proceso de constitución de la República de Cataluña que se ejecuten de acuerdo con las órdenes de sus mandos y del Gobierno y del Parlamento de Cataluña no supondrán la Comisión de un delito”…
Este parece ser el contenido de un Informe preparado por la Asamblea Nacional Catalana -ANC-, al que hay que añadir las manifestaciones de algún alto dirigente Político en el sentido de que “es fundamental proteger a nuestras tropas para que esto avance…”
Parece mentira que siendo la Administración Catalana la que más recortes ha infligido a los Empleados Públicos a su servicio, a los que les adeuda, entre otras cosas, parte de las Pagas Extra del 2012, del 2013 y del 2014, tenga además la cara dura de pretender utilizarnos a favor de intereses políticos espurios…
Desde luego, no nos corresponde a nosotros determinar aquello que es delito o que no lo es, pues para eso están los Tribunales de Justicia… Pero si que nos corresponde denunciar cualquier tipo de presión y/o manipulación que se quiera hacer sobre los Empleados Públicos de Cataluña, o de cualquier otra parte de España, con fines partidistas y sectarios, para violentar su voluntad y/o la legalidad vigente. Los Empleados Públicos no somos las tropas de nadie… mas allá de ser los defensores de los Servicios Públicos y de la ciudadanía a la que nos hemos comprometido a servir…
Desde la FAC-USO nos oponemos a cualquier manipulación directa o indirecta, real o mediática, venga de donde venga, de los Empleados Públicos Estatales, Autonómicos y Locales, de cualquier punto de España… y les instamos a denunciar cualquier situación de acoso y/o presión que puedan recibir, poniéndonos al servicio de los mismos con toda nuestra Organización Sindical y todos los medios humanos y materiales, y sobre todo jurídicos, para la defensa de sus intereses, y de los intereses de los Servicios Públicos que sirven…
En este sentido vamos a solicitar a la Defensora del Pueblo que se posicione sobre este informe, en el momento que obre en nuestro poder, así como al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y en su caso a la Fiscalía General del Estado, pues como Federación de Empleados Públicos no podemos consentir ni quedarnos callados ante estos intentos de politización y ataque directo a la independencia de los Empleados Públicos a los que representamos.
