FAC-USO advierte de que el aumento del empleo público no acredita que los servicios cuenten con el personal necesario y reclama planificación, estabilidad y un relevo generacional efectivo.
España contabiliza 3.071.725 efectivos al servicio de las Administraciones Públicas, según la estadística de Función Pública correspondiente a enero de 2026. Son 38.421 más que en enero de 2025, un incremento del 1,27 %.
Desde FAC-USO valoramos el crecimiento del empleo público, pero rechazamos que una cifra global sirva para dar por resueltos los problemas de las plantillas.
Tener más personal en el conjunto de las administraciones no significa disponer de personal suficiente en cada centro, territorio o servicio.
El balance que deben rendir los responsables públicos va mucho más allá de contar efectivos: deben explicar dónde faltan profesionales, qué vacantes siguen sin cubrir, cómo se atienden las bajas y qué previsiones existen ante las jubilaciones.
Sin esas respuestas, el crecimiento estadístico resulta insuficiente para evaluar la calidad del empleo y de la atención a la ciudadanía.
Una oficina sin refuerzos no resuelve sus necesidades porque aumente el personal en otra administración. Tampoco una plantilla sobrecargada puede trabajar mejor con un porcentaje nacional.
La responsabilidad de garantizar los servicios corresponde a las administraciones; no puede descargarse sobre el esfuerzo ilimitado de sus trabajadores y trabajadoras.
Las comunidades autónomas concentran el 62,84 % del personal, la Administración local el 19,37 % y el sector público estatal el 17,79 %.
Este reparto exige analizar las necesidades de cada ámbito, evitando utilizar el total como medida de suficiencia.
El relevo generacional constituye otro desafío. En ministerios, organismos autónomos y agencias estatales, el 53 % del personal tiene 50 años o más y solo el 23 % es menor de 40. Aunque estos indicadores mejoran respecto al año anterior, la planificación sigue siendo imprescindible.
Para FAC-USO, esperar a que se produzcan las jubilaciones para organizar la cobertura de los puestos es una gestión irresponsable.
Reclamamos anticipación, procesos selectivos ágiles con garantías y tiempo suficiente para transmitir conocimientos. La experiencia acumulada durante décadas no se sustituye de un día para otro.
El informe también sitúa al personal funcionario de carrera en torno al 55 % del total. Ese dato no permite considerar temporal al 45 % restante, que incluye otras vinculaciones laborales.
Nuestra exigencia es clara: las necesidades permanentes deben contar con empleo estable.
Las administraciones deben prevenir el abuso de la temporalidad y ofrecer respuestas efectivas a las personas afectadas.
La precariedad no puede convertirse en una herramienta ordinaria de gestión del empleo público.
Las mujeres representan el 60 % de los efectivos. Esta mayoría tampoco acredita, por sí sola, igualdad en salarios, promoción o acceso a puestos de responsabilidad.
FAC-USO reclama transparencia retributiva y medidas de conciliación y corresponsabilidad que no penalicen las carreras profesionales.
Por todo ello, exigimos:
- Diagnósticos públicos de necesidades, con datos sobre vacantes, cargas de trabajo y cobertura de ausencias.
- Planificación plurianual y presupuesto suficiente para incorporar personal donde se necesita.
- Relevo generacional efectivo, con previsión de jubilaciones y transmisión de conocimientos.
- Empleo estable y condiciones dignas, con participación sindical en las decisiones sobre las plantillas.
Los empleados públicos no son una cifra para exhibir en un balance: son quienes hacen efectivos los derechos de la ciudadanía.
Gobernar exige garantizar personal suficiente, medios y condiciones de trabajo adecuadas. El triunfalismo estadístico no cubre una sola vacante.
Fuente: Estadística del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, enero de 2026.
Los datos de Cataluña corresponden a julio de 2025 y los de universidades a diciembre de 2024.
