Casi una de cada tres vacantes laborales registradas en España durante el primer trimestre de 2026 pertenecía a la categoría de Administración pública, defensa y Seguridad Social obligatoria
La estadística no permite conocer cuántas corresponden al Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales
La base de datos de Eurostat contabiliza 48.027 vacantes laborales en España dentro de la categoría de Administración pública, defensa y Seguridad Social obligatoria durante el primer trimestre de 2026.
Esta cifra representa el 30,05 % de las 159.797 vacantes registradas en el conjunto de la economía española durante ese periodo. Es decir, prácticamente una de cada tres vacantes se encontraba en actividades directamente vinculadas con la Administración pública.
FAC-USO considera que el dato es suficientemente importante para exigir al Gobierno y al conjunto de administraciones un análisis detallado de las plazas que se encuentran pendientes de cobertura, las causas que impiden cubrirlas y el tiempo que transcurre hasta la incorporación efectiva del personal.
Qué administraciones incluye el dato
Eurostat clasifica estas 48.027 vacantes en la sección P de la clasificación europea de actividades económicas NACE 2.1, denominada “Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria”.
Dentro de esta categoría se incluyen las actividades de Administración pública general; la regulación de la sanidad, la educación, la cultura y otros servicios sociales; la regulación de actividades económicas; los asuntos exteriores; la defensa; la Justicia; el orden público y la protección civil; los servicios de bomberos y salvamento; y la Seguridad Social obligatoria.
Son funciones que en España pueden ser prestadas por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, los organismos autónomos y otras entidades públicas.
Sin embargo, la información publicada por Eurostat solo ofrece una cifra nacional agregada. No permite saber cuántas de las 48.027 vacantes corresponden a ministerios y organismos estatales, cuántas a las administraciones autonómicas y cuántas a ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consejos insulares o consorcios públicos.
Tampoco existe un desglose por territorios, cuerpos, escalas, categorías profesionales u ocupaciones.
“Tenemos una cifra suficientemente grave, pero no sabemos dónde están exactamente esas vacantes, cuánto tiempo llevan sin cubrirse ni qué servicios públicos están soportando sus consecuencias. Esa falta de transparencia también forma parte del problema”, señala Javier Toro, secretario general de FAC-USO.
Sanidad y educación no están incluidas
FAC-USO advierte además de que las 48.027 vacantes no incluyen las correspondientes a educación ni a las actividades sanitarias y de servicios sociales, ya que Eurostat las clasifica en categorías económicas diferentes.
En el primer trimestre se contabilizaron otras 4.356 vacantes en educación y 13.432 en actividades sanitarias y de servicios sociales. Sin embargo, estas categorías incluyen conjuntamente centros y entidades de titularidad pública y privada, por lo que no es posible determinar qué parte corresponde a los servicios públicos.
Por esta razón, FAC-USO considera que las 48.027 vacantes no pueden interpretarse como el déficit completo de las plantillas públicas españolas. Son únicamente las que la estadística atribuye de manera específica a Administración pública, defensa y Seguridad Social obligatoria.
No son todas las plazas presupuestadas sin cubrir
La Federación también recuerda que el concepto estadístico de vacante utilizado por Eurostat tiene un significado concreto. Se considera vacante un puesto remunerado, de nueva creación, desocupado o que va a quedar libre, para el que el empleador está realizando una búsqueda activa de una persona externa y que pretende cubrir inmediatamente o dentro de un plazo determinado.
Por tanto, el dato no incluye automáticamente todos los puestos vacantes existentes en las relaciones de puestos de trabajo, todas las jubilaciones pendientes de reposición ni todas las necesidades de personal que todavía no se han convertido en una convocatoria o búsqueda activa.
Esto significa que la falta real de efectivos en las Administraciones públicas puede ser superior a la reflejada por esta estadística.
El segundo trimestre todavía no tiene desglose por actividades
Los últimos datos provisionales de Eurostat reducen el número total de vacantes existentes en España a 143.359 durante el segundo trimestre de 2026, frente a las 159.797 del trimestre anterior.
Sin embargo, la base de datos todavía no ofrece el desglose por actividades económicas correspondiente al segundo trimestre. Por tanto, no puede afirmarse que el 30 % de esas 143.359 vacantes pertenezca a la Administración pública.
El porcentaje del 30,05 % y las 48.027 vacantes se refieren exclusivamente al primer trimestre de 2026.
FAC-USO exige un mapa público de vacantes
Ante esta situación, FAC-USO reclama la creación de un mapa público, actualizado y verificable de las vacantes existentes en todas las Administraciones, desglosado por:
- Administración y organismo responsable.
- Comunidad autónoma y provincia.
- Cuerpo, escala y categoría profesional.
- Servicio o unidad afectada.
- Fecha desde la que el puesto permanece vacante.
- Situación de la convocatoria o proceso selectivo.
- Previsión efectiva de cobertura.
“Una cifra agregada no permite planificar plantillas ni exigir responsabilidades. Necesitamos conocer qué plazas están vacantes, dónde se encuentran, por qué no se cubren y qué consecuencias está provocando esta situación sobre las plantillas y la atención a la ciudadanía”, subraya Javier Toro.
FAC-USO viene advirtiendo de que una Oferta de Empleo Público no puede valorarse únicamente por el número de plazas aprobadas. Su eficacia debe medirse por la capacidad real para cubrir vacantes, anticipar jubilaciones, reducir la temporalidad y garantizar unos servicios públicos de calidad.
La Federación exige planificación plurianual, convocatorias dentro de plazos claros, procesos selectivos más ágiles y cobertura efectiva de todas las plazas ofertadas, sin rebajar los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia.
“Las plazas sobre el papel no atienden a la ciudadanía. Los servicios públicos necesitan personal suficiente, estable y efectivamente incorporado”, concluye Javier Toro.
FAC-USO seguirá reclamando transparencia, planificación y una verdadera política de recursos humanos que permita conocer y atender las necesidades reales de las Administraciones públicas.
