Ni los funcionarios de Justicia ni las plantillas del SEPE son una caricatura
FAC-USO expresa su respaldo a la respuesta de SPJ-USO Nacional al programa de Cuatro «En el punto de mira» y rechaza cualquier tratamiento informativo que convierta casos individuales en una condena general de los empleados públicos.
El programa, en su emisión del 14 de septiembre, presentó una investigación bajo el título «Funcionarios sin control», centrada en supuestos incumplimientos de jornada en distintas administraciones.
Según la propia descripción de la cadena, el reportaje mostró oficinas de empleo, empleados públicos y situaciones concretas relacionadas con pausas, compras o ausencias del puesto de trabajo.
También puso el foco en la Administración de Justicia y, particularmente, en trabajadores de la Ciudad de la Justicia de Valencia.
Desde FAC-USO compartimos la preocupación expresada por SPJ-USO: una cosa es investigar y denunciar un posible incumplimiento individual y otra muy diferente es utilizar determinados casos, imágenes o testimonios para construir un relato que coloque bajo sospecha a miles de trabajadores y trabajadoras.
Lo particular no puede convertirse en una condena colectiva
FAC-USO no justifica ningún incumplimiento de la jornada ni de las obligaciones profesionales. Cuando se produce una conducta irregular, existen responsables administrativos, sistemas de control horario y procedimientos disciplinarios para investigar los hechos y exigir responsabilidades cuando corresponda.
Pero esos mecanismos deben aplicarse con garantías y sobre hechos concretos. No resulta aceptable presentar el comportamiento de unas pocas personas como si definiera a todos los funcionarios y funcionarias de un servicio público.
Seleccionar imágenes llamativas, seguir a determinados trabajadores y elevar después esas conductas a la categoría de fenómeno general no ofrece una visión completa ni representativa de la realidad. El rigor informativo exige contrastar, contextualizar y explicar también las condiciones en las que trabajan las plantillas.
En la Administración de Justicia, miles de empleados públicos sostienen diariamente juzgados y tribunales sometidos a sobrecarga, falta de personal, sustituciones, acumulación de procedimientos y constantes cambios organizativos.
Son quienes atienden a la ciudadanía, tramitan expedientes y hacen posible que el servicio público funcione, muchas veces prolongando su jornada más allá del horario inicialmente previsto.
El SEPE y los servicios públicos de empleo tampoco son un decorado
La misma reflexión debe aplicarse al personal que trabaja en el Servicio Público de Empleo Estatal. Las oficinas de empleo y sus plantillas atienden diariamente a personas desempleadas, gestionan prestaciones, tramitan expedientes, resuelven incidencias y ofrecen orientación en un ámbito especialmente sensible para la ciudadanía.
Reducir el trabajo del SEPE a imágenes de oficinas vacías, problemas puntuales de atención o supuestas conductas individuales supone ignorar la complejidad del servicio y las dificultades con las que trabajan sus empleados y empleadas: falta de efectivos, sobrecarga de trabajo, presión asistencial, envejecimiento de las plantillas y herramientas informáticas que no siempre responden a las necesidades reales.
Las deficiencias de una Administración no pueden atribuirse automáticamente a quienes trabajan en ella. Cuando existen problemas de atención, listas de espera o dificultades para obtener una cita, también es necesario analizar los recursos disponibles, la organización del servicio y las decisiones adoptadas por los responsables de la gestión.
La defensa de los servicios públicos exige rigor
FAC-USO defiende la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones profesionales. Del mismo modo, exige que la información sobre los empleados públicos se realice con rigor y sin prejuicios.
No se puede alimentar de forma permanente el tópico del funcionario que no trabaja, que abandona su puesto o que utiliza los servicios públicos en beneficio propio. Esa imagen simplificada no refleja la realidad de la mayoría de las plantillas y contribuye a deteriorar injustamente la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos.
Además, esta forma de abordar la información tiene consecuencias directas: desprestigia a trabajadores esenciales, dificulta la captación de nuevos profesionales y desvía la atención de los verdaderos problemas de las Administraciones Públicas, como la falta de personal, la temporalidad, la precariedad, la insuficiencia de medios y la ausencia de una planificación adecuada.
No defendemos a quien incumple. Defendemos a los miles de empleados públicos que cumplen cada día con su trabajo.
La Administración de Justicia, el SEPE y el conjunto de los servicios públicos necesitan más medios, más reconocimiento y mejores condiciones de trabajo. No necesitan ser convertidos en una caricatura televisiva.
FAC-USO reclama a los medios de comunicación responsabilidad, pluralidad y rigor cuando informen sobre los empleados públicos. Investigar es legítimo y necesario, pero informar también implica contextualizar, contrastar y evitar que una parte interesada de la realidad se presente como si fuera el todo.
Los funcionarios y funcionarias de Justicia, del SEPE y del conjunto de las Administraciones Públicas no son una caricatura. Son quienes, cada día, sostienen servicios esenciales para la ciudadanía.
