La declaración del Gobierno debe garantizar una respuesta coordinada, humanitaria y sostenida, sin cargar la emergencia sobre unas plantillas ya sometidas a una enorme presión.
El Gobierno ha declarado la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta tras la entrada masiva de personas migrantes registrada el pasado 30 de julio.
El Real Decreto 681/2026 reconoce que la situación ha superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana, afectando al funcionamiento de distintas Administraciones públicas.
Para FAC-USO, esta declaración debe servir para activar una respuesta pública real, con recursos suficientes y refuerzos estables.
La coordinación institucional no puede limitarse a movilizar efectivos de manera puntual ni a pedir un esfuerzo adicional a quienes trabajan diariamente en la atención sanitaria, la extranjería, la protección de menores, los servicios sociales, la Administración de Justicia, las emergencias y la seguridad pública.
Una emergencia no puede sostenerse con plantillas insuficientes
Detrás de cada dispositivo, cada atención sanitaria, cada trámite administrativo y cada intervención de emergencia hay empleados y empleadas públicas que sostienen la respuesta desde Ceuta.
FAC-USO considera imprescindible que las medidas adoptadas incluyan:
- Refuerzos estables en sanidad, especialmente en Atención Primaria, urgencias, pediatría, salud mental, enfermería y trabajo social.
- Más personal en extranjería, identificación, documentación, protección internacional y Administración de Justicia.
- Plantillas suficientes en servicios sociales, protección de menores, acogida e inclusión.
- Refuerzos en emergencias, Protección Civil, Policía Nacional y Guardia Civil.
- Incorporación de intérpretes, mediadores interculturales y personal técnico especializado.
- Medidas de prevención de riesgos laborales, descanso y apoyo psicosocial para las personas trabajadoras.
La respuesta a una emergencia de estas características no puede descansar indefinidamente en la prolongación de jornadas, la suspensión de permisos o el sobreesfuerzo de las plantillas.
Las medidas extraordinarias pueden ser necesarias de forma puntual, pero nunca deben sustituir la obligación de las Administraciones de garantizar servicios públicos dimensionados y preparados.
Derechos humanos, seguridad y servicios públicos
FAC-USO comparte la necesidad de una coordinación reforzada entre las Administraciones, pero recuerda que la seguridad no puede desligarse de la protección de los derechos humanos ni de la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
La propia declaración estatal contempla ámbitos como la seguridad pública, las fronteras, la extranjería, la protección internacional, la atención humanitaria, la sanidad, los servicios sociales, la protección de menores y la continuidad de los servicios esenciales.
Por ello, la respuesta debe proteger a la población de Ceuta, atender con dignidad a las personas migrantes y garantizar unas condiciones seguras para quienes trabajan en primera línea.
Una responsabilidad estatal y europea
Ceuta no puede afrontar en solitario una situación que afecta a una frontera exterior de España y de la Unión Europea. El Gobierno central y las instituciones europeas deben asumir su responsabilidad mediante financiación suficiente, coordinación efectiva y refuerzos que se mantengan mientras persista la presión sobre los servicios públicos.
FAC-USO reclama que la declaración de interés para la seguridad nacional no se quede en un marco administrativo, sino que se traduzca en medios concretos, plantillas reforzadas y protección laboral.
Porque alguien tiene que sostenerlo.
Y quienes sostienen los servicios públicos en Ceuta también tienen derecho a trabajar con medios suficientes, seguridad y dignidad.
