FAC-USO, en línea con las propuestas presentadas por la Confederación Sindical USO, reclama la ampliación del acceso a la jubilación anticipada sin penalización para miles de profesionales del empleo público que desempeñan su labor en condiciones especialmente exigentes.
Esta reivindicación se articula a través de la aplicación de coeficientes reductores, una figura legal prevista en el sistema de Seguridad Social que permite reducir la edad de jubilación sin que ello suponga una merma económica en la pensión.
Hasta ahora, este mecanismo solo se ha aplicado a colectivos muy concretos, como trabajadores de la minería, del mar o miembros de cuerpos de seguridad. Sin embargo, numerosos empleados y empleadas del sector público —como personal sociosanitario, de prisiones, emergencias o servicios sociales— desarrollan también trabajos con alto grado de penosidad, desgaste físico o riesgo, sin que ello se vea reflejado en sus derechos de jubilación.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 370/2023, se abre por primera vez la posibilidad de extender estos beneficios a nuevas profesiones. No obstante, la norma restringe la capacidad de iniciar el procedimiento a los sindicatos considerados “más representativos”, lo que limita la participación democrática y excluye a organizaciones como la nuestra, que cuentan con una presencia real y activa en múltiples sectores del empleo público.
Desde FAC-USO reclamamos, como parte de la estructura confederal de USO:
- Que se garantice la igualdad sindical y que cualquier organización con representación pueda iniciar el procedimiento de solicitud.
- Que se incluya a los colectivos del empleo público que desempeñan funciones reconocidamente penosas, insalubres o de riesgo.
- Que se revise el actual sistema de financiación para evitar que el coste de estas jubilaciones anticipadas recaiga injustamente sobre los propios trabajadores o sobre los presupuestos de servicios esenciales.
Además, valoramos como un precedente relevante el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, que insta al Gobierno a regular la jubilación anticipada para los agentes de la Policía Nacional, al considerar discriminatoria su exclusión.
Desde FAC-USO seguiremos trabajando, dentro del marco confederal de USO, para que se reconozca la realidad laboral de muchos empleados públicos y se garanticen derechos justos, condiciones dignas y una jubilación anticipada que responda a la dureza real del trabajo desempeñado.
