El indicador adelantado del IPC sitúa la inflación anual en el 4,3 % en agosto, siete décimas más que en julio.
La inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, se mantiene en un elevado 2,9 %. El dato definitivo será publicado por el INE el 15 de septiembre.
Los precios vuelven a crecer con fuerza mientras las nóminas siguen avanzando muy por debajo. El encarecimiento de los combustibles, los alimentos y los suministros básicos está trasladándose directamente a los hogares, que cada mes necesitan más dinero para comprar lo mismo.
Como viene denunciando USO, no basta con que el IPC general se modere en determinados momentos si los productos esenciales continúan subiendo por encima de la media.
En julio, USO ya advertía de que transporte y carburantes aumentaban un 6,2 %, la vivienda y los suministros un 5,7 %, mientras la subida salarial media pactada en convenio se situaba en el 3,02 %.
Una pérdida acumulada que no se puede ocultar
En el caso de los empleados públicos, la evolución de los últimos años demuestra que las subidas aprobadas no han recuperado el poder adquisitivo perdido.
Tomando como referencia los cinco últimos ejercicios completos, de 2021 a 2025, y comparando las actualizaciones salariales generales con la evolución interanual del IPC en diciembre, el resultado es el siguiente:
| Año | Subida salarial pública | IPC interanual de diciembre |
|---|---|---|
| 2021 | 0,9 % | 6,5 % |
| 2022 | 3,5 % | 5,7 % |
| 2023 | 3,5 % | 3,1 % |
| 2024 | 2,5 % | 2,8 % |
| 2025 | 2,5 % | 2,9 % |
| Acumulado | 13,6 % | 22,8 % |
La comparación acumulada refleja una pérdida real aproximada del 7,5 % frente al IPC general. Esta cifra no significa que todas las personas hayan perdido exactamente ese porcentaje, ya que cada nómina depende de trienios, carrera profesional, complementos, cambios de destino y otros conceptos. Pero sí muestra con claridad la erosión sufrida por el salario público homogéneo.
Además, el impacto es todavía mayor cuando se analiza la cesta de la compra. USO ya advertía en 2025 de que los alimentos se habían encarecido un 32,1 % desde 2021, muy por encima de la evolución de los salarios.
No se puede presentar, por tanto, una subida acumulada del 11 % entre 2025 y 2028 —aproximadamente un 11,4 % si se calcula de forma compuesta— como una recuperación del poder adquisitivo.
Se trata de una actualización sobre salarios que ya llegan profundamente deteriorados.
El 0,5 % adicional de 2026 debe abonarse si se cumple la condición
El Real Decreto-ley 14/2025 establece para 2026 una subida consolidable del 1,5 %, con efectos desde el 1 de enero.
También prevé otro incremento consolidable del 0,5 % si la variación del IPC en 2026 alcanza o supera el 1,5 %.
Ese incremento deberá abonarse en el primer trimestre de 2027 y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
El Acuerdo Marco 2025-2028 publicado en el BOE confirma que la subida de 2026 será del 2 % si se activa ese tramo adicional.
El dato adelantado de agosto, con un IPC del 4,3 %, se encuentra ampliamente por encima del umbral del 1,5 %.
Sin embargo, todavía no permite afirmar que el 0,5 % esté definitivamente ganado, porque habrá que esperar al dato oficial que cierre el ejercicio.
La posibilidad de que el IPC termine por debajo del 1,5 % existe técnicamente, pero exigiría una reducción muy intensa de los precios durante los próximos meses.
Con la evolución registrada hasta agosto, el escenario más probable es que se cumpla la condición prevista en la norma.
Desde FAC-USO vigilaremos que no se produzcan interpretaciones interesadas, cambios de referencia o retrasos injustificados.
Una revisión estadística ordinaria entre el dato adelantado y el definitivo no puede convertirse en una excusa para negar o retrasar una subida que, si se cumple la condición legal, debe aplicarse con carácter retroactivo.
FAC-USO exige una recuperación real, no otra operación de propaganda
FAC-USO considera insuficiente un modelo salarial basado en subidas parciales, variables y condicionadas que no garantiza la recuperación de lo perdido. Los empleados públicos no pueden seguir dependiendo cada año de una negociación improvisada para evitar empobrecerse.
Por ello, exigimos:
- La aplicación inmediata y homogénea del 1,5 % de 2026, con los atrasos que correspondan allí donde siga pendiente.
- El abono del 0,5 % adicional desde el 1 de enero de 2026 si el dato definitivo confirma el cumplimiento del umbral establecido.
- La inclusión por ley de una cláusula de revisión salarial automática vinculada al IPC real.
- Un plan de recuperación del poder adquisitivo perdido, con una duración máxima de cinco años.
- Que ese plan incorpore una revisión conforme al IPC anual y un porcentaje adicional para absorber progresivamente la pérdida acumulada.
- La recuperación de las pagas y derechos salariales recortados durante la última década.
- La implantación de una verdadera carrera profesional y la actualización de complementos, dietas e indemnizaciones por razón de servicio.
- La homologación retributiva entre administraciones y colectivos, bajo el principio de “a igual trabajo, igual salario”.
FAC-USO ya ha reclamado una revisión salarial anual y la recuperación del poder adquisitivo perdido, además de una homologación real de las retribuciones del conjunto de los empleados públicos.
A los empleados públicos se nos exige estar siempre disponibles, sostener los servicios esenciales y dar lo máximo en los momentos difíciles.
Lo que no puede seguir ocurriendo es que, cuando llega el momento de reconocer nuestro esfuerzo, se nos ofrezcan porcentajes que ni siquiera compensan lo que ha subido la vida.
Los precios suben. Las responsabilidades también. El salario público no puede seguir perdiendo.
FAC-USO exige negociación real, transparencia y recuperación del poder adquisitivo.
