El Real Decreto-ley publicado hoy en el BOE permite recuperar la aplicación de la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de las Administraciones Públicas, pero FAC-USO exige que no se convierta en otro anuncio sin ejecución práctica.
La norma incluye también la revisión del complemento de insularidad para el personal estatal destinado en Illes Balears.
El BOE publica hoy el Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y de complemento de insularidad en Illes Balears.
La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación y pretende desbloquear una situación que venía afectando al personal laboral público desde la entrada en vigor de la reforma introducida por el Real Decreto-ley 11/2024.
Desde FAC-USO valoramos positivamente que, por fin, se dé cobertura legal a un problema que estaba impidiendo en la práctica el acceso a la jubilación parcial de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público laboral.
Sin embargo, rechazamos cualquier lectura triunfalista. No estamos ante un derecho plenamente garantizado, sino ante una corrección urgente de un bloqueo que nunca debió producirse.
La nueva regulación parte de una evidencia que FAC-USO ya venía denunciando: exigir de forma rígida un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, simultáneo a la jubilación parcial, era difícilmente compatible con los procedimientos de acceso al empleo público, sujetos a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y a los tiempos de las ofertas de empleo público.
La propia referencia del Consejo de Ministros reconoce que esa exigencia hacía muy difícil la aplicación de la jubilación parcial en las Administraciones Públicas.
FAC-USO ya advirtió de que el contrato de relevo era el cuello de botella
Esta medida confirma lo que FAC-USO sostuvo el pasado 10 de junio: la jubilación parcial no podía quedarse en un reconocimiento formal condicionado por la falta de personas relevistas, la ausencia de planificación o los retrasos administrativos.
Nuestra Federación reclamó entonces cobertura efectiva de las plazas de relevo, información clara, seguimiento transparente de las solicitudes y garantías adicionales en la Comisión Paritaria del IV Convenio Único.
El Real Decreto-ley establece ahora un sistema gradual.
En primer lugar, las Administraciones deberán contar con un instrumento de planificación de recursos humanos, preferentemente la oferta de empleo público, que incluya expresamente la cobertura de jubilaciones parciales.
Cuando no sea posible vincular la jubilación parcial a un contrato de personal laboral fijo a tiempo completo, se permitirá la contratación temporal de sustitución, también a tiempo completo, hasta que finalice el proceso de cobertura definitiva.
Este mecanismo puede permitir desbloquear expedientes, pero FAC-USO insiste en que la clave estará en la gestión.
Si las ofertas de empleo no incorporan plazas suficientes, si los ministerios y organismos no actúan con agilidad, o si no existe un seguimiento centralizado y transparente, el derecho volverá a quedar atrapado en la burocracia.
Por eso FAC-USO exige que la Administración garantice plazos reales, instrucciones homogéneas, información individualizada a las personas solicitantes y cobertura efectiva de las plazas de relevo.
La jubilación parcial debe servir para dignificar el final de la vida laboral, facilitar el relevo generacional y reforzar el empleo público estable, no para abrir un nuevo laberinto administrativo.
Frente al triunfalismo sindical: queda mucho por hacer
FAC-USO considera legítimo que las organizaciones sindicales valoren el avance, pero advierte contra los relatos de victoria total que intentan apropiarse en exclusiva de una reivindicación colectiva.
La realidad es más compleja: el desbloqueo afecta al personal laboral, pero sigue pendiente la recuperación efectiva de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, una cuestión que incluso los sindicatos de siempre reconocen que continúa sin resolverse.
FAC-USO no comparte el triunfalismo. Celebramos el avance, pero recordamos que el personal funcionario y el personal estatutario siguen esperando una solución real.
En el caso del personal funcionario, la recuperación de este derecho continúa pendiente de los cambios normativos necesarios.
En el ámbito sanitario, el personal estatutario sigue arrastrando un bloqueo especialmente grave, pese a que se trata de plantillas envejecidas, sometidas a sobrecarga y con necesidades urgentes de relevo generacional.
No basta con anunciar compromisos. Hay que aprobar normas, dotar plazas, negociar condiciones, garantizar financiación y ejecutar.
FAC-USO seguirá reclamando que la jubilación parcial se extienda al conjunto del empleo público, sin exclusiones y con seguridad jurídica.
Complemento de insularidad en Illes Balears: avance insuficiente y pendiente de concreción
El Real Decreto-ley incluye también una disposición adicional sobre la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en Illes Balears.
El Gobierno se compromete a revisar, en el plazo de seis meses, las cuantías actualmente vigentes, previa negociación colectiva, sin que la actualización pueda suponer una minoración de las cantidades que se abonan en la actualidad.
FAC-USO valora que el Gobierno reconozca el problema, pero advierte de que no estamos todavía ante una subida efectiva ni ante una equiparación ya materializada. Lo aprobado es una habilitación legal para revisar las cuantías. Por tanto, el personal estatal destinado en Baleares no necesita más anuncios: necesita importes concretos, calendario de aplicación, efectos económicos claros y una negociación que tenga en cuenta el coste real de vivir y trabajar en las islas.
La propia exposición de motivos del Real Decreto-ley reconoce que la insularidad, los costes diferenciales de vida, las dificultades de movilidad geográfica, el mercado de la vivienda y los bienes y servicios afectan directamente a la capacidad de las Administraciones Públicas para atraer, retener y estabilizar personal en Illes Balears.
Esta ha sido una reivindicación histórica de USO en Baleares.
Ya en 2022, USO-CAIB denunciaba que la insularidad afecta por igual a todos los trabajadores y trabajadoras públicos y reclamaba que el complemento se igualase al alza para todo el personal, poniendo fin a diferencias injustificadas entre grupos y colectivos.
Mientras tanto, en el ámbito autonómico balear ya se aprobó la equiparación progresiva del complemento de insularidad para el personal de servicios generales de la CAIB, con aplicación desde enero de 2026 y un calendario progresivo hasta 2028.
Por ello, FAC-USO exige que la revisión del complemento estatal no se quede por detrás de la realidad social y económica de Baleares.
La insularidad no puede seguir tratándose como un problema menor. La falta de compensación adecuada provoca pérdida de efectivos, rotación, dificultad para cubrir plazas, sobrecarga de plantillas y deterioro de los servicios públicos.
FAC-USO seguirá vigilante
FAC-USO considera que el Real Decreto-ley publicado hoy supone un paso necesario, pero no suficiente.
En materia de jubilación parcial, exigimos aplicación inmediata, criterios homogéneos, cobertura real de relevistas y extensión del derecho al personal funcionario y estatutario. En materia de insularidad, reclamamos negociación efectiva, cuantías dignas y calendario cierto para el personal estatal destinado en Illes Balears.
El empleo público no necesita titulares autocomplacientes. Necesita derechos efectivos, plantillas suficientes, condiciones laborales dignas y Administraciones capaces de cumplir lo que aprueban.
FAC-USO seguirá vigilante para que este Real Decreto-ley no se convierta en una nueva promesa incumplida, sino en una herramienta real al servicio de las personas trabajadoras y de unos servicios públicos de calidad.
