La Comisión Europea ha enviado una segunda carta de emplazamiento a España por incumplir la Directiva 1999/70/CE, que prohíbe la discriminación de trabajadores temporales en comparación con los fijos.
Esta carta se centra en las condiciones laborales desfavorables para los empleados temporales del sector público español, incluyendo aspectos como el cálculo de la antigüedad y el acceso a permisos y trayectorias profesionales.
Desde FAC-USO creemos que la prioridad debe ser la implementación de cambios legislativos que garanticen la igualdad de condiciones laborales para todos los trabajadores públicos, independientemente de su situación contractual
En FAC-USO consideramos que la respuesta de España ha sido insuficiente hasta la fecha, y que las reformas realizadas no han abordado adecuadamente la discriminación persistente en las condiciones laborales.
FAC-USO insiste en que la administración debe hacer cambios significativos en la legislación para garantizar que los derechos de los trabajadores temporales se respeten plenamente, alineándose con las normativas de la UE.
La inacción podría llevar a sanciones más severas por parte de la Comisión Europea, lo que afectaría tanto a las instituciones públicas como a los trabajadores.
Además, en FAC-USO subrayamos la importancia de una interpretación correcta y justa de las normativas europeas en los tribunales españoles, ya que las actuales medidas y procesos de estabilización, como los previstos en la Ley 20/2021, no están siendo efectivos para resolver el problema de fondo, que es el abuso de la temporalidad y la falta de estabilidad laboral para miles de empleados públicos.
La Comisión Europea ha intensificado su presión sobre España al enviar una segunda carta de emplazamiento en el procedimiento de infracción INFR(2014)4224, debido a la incorrecta transposición de la Directiva 1999/70/CE al derecho nacional.
Esta directiva prohíbe la discriminación contra trabajadores temporales, garantizando que tengan las mismas condiciones laborales que los empleados fijos. Sin embargo, España sigue manteniendo condiciones laborales menos favorables para estos trabajadores en el sector público, lo que constituye una violación del derecho comunitario.
USO, como sindicato comprometido con la defensa de los derechos de los trabajadores, considera que esta situación refleja una grave deficiencia en la legislación española, que no solo perpetúa la discriminación, sino que también vulnera los principios de igualdad y estabilidad laboral.
La Comisión Europea ha señalado varias áreas problemáticas, incluyendo el cálculo de la antigüedad, el acceso a permisos y la progresión profesional, que siguen siendo desfavorables para los trabajadores temporales.
La prioridad debe ser garantizar que las reformas legislativas no solo aborden estos problemas de manera superficial, sino que implementen cambios reales y efectivos.
Desde USO, instamos a las autoridades españolas a actuar de inmediato para evitar sanciones más severas por parte de la Comisión Europea, que podrían afectar gravemente tanto a la administración pública como a los trabajadores y trabajadoras.
