Entre los días 13 al 16 de julio se celebrará en Addis Abeba (Etiopía) la tercera conferencia internacional sobre financiación al desarrollo. La oportunidad de convocarla inmediatamente antes de las discusiones y aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo mes de septiembre es clara. Por primera vez se discute, previamente a la fijación de los objetivos, el cómo llevarlos a cabo y bajo qué planteamientos obtener los recursos económicos necesarios. Los debates alcanzarán a la determinación de qué políticas económicas deben hacerse para lograr en todo el mundo la erradicación de la pobreza en el año 2030.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible sucederán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la guía que ha incidido en la orientación de las políticas de la ayuda al desarrollo de los países empobrecidos en el periodo 2000-2015. Los ODS tienen la virtud de tener un planteamiento universal, bajo la necesidad de satisfacerlos en todas partes del mundo dado que la extrema desigualdad ha propiciado que en todos los países haya bolsas de pobreza. Esta desigualdad se concreta en que el 1 y el 10 por ciento de la población mundial acaparan más del 50 y el 83 por ciento de la riqueza mundial, respectivamente. Y también, en que en España los millonarios hayan crecido un 40% en el período álgido de esta crisis, mientras que una gran parte de españoles se ha empobrecido.
La evolución de las discusiones que se están produciendo para fijar el acuerdo en Addis Abeba sobre financiación se puede seguir a través de la lectura de los diferentes borradores de la declaración final. Y no parece que vayan por un camino acorde a las expectativas generadas. Cada nuevo borrador facilitado por el dúo de embajadores facilitadores -Talbot (Guayana) y Pederson (Noruega)-, en nuestra opinión, es en general más regresivo. Porque si bien, se mantiene el objetivo del 0,7 % del PIB en de Ayuda al desarrollo y se hace alguna alusión a la lucha contra la corrupción, los flujos monetarios ilícitos y el comportamiento responsable de las multinacionales sólo hay un planteamiento moral y su concreción quedan en el aire. Tampoco hay una determinación sobre una base mínima que grave los beneficios y la riqueza, por lo que se mantiene la licitud de los paraísos fiscales y el desigual reparto del beneficio según los intereses de los detentadores de la fijación de precios en la cadena de valor.
Por supuesto, tiene mejoras con respecto a la situación de partida al incluir aspectos holísticos de la lucha contra el cambio climático, o lo pernicioso que es el tabaco para la salud y para los presupuestos públicos, o bien el rechazo a subvencionar los recursos fósiles frente a las energías renovables. Las buenas noticias alcanzan también a la inclusión de un capítulo de tecnología e innovación que toca aspectos cruciales del problema de su difusión y, por lo tanto de su apropiación, si bien siguen estando en un terreno demasiado gaseoso para vislumbrar sus verdaderos resultados.
Se aprueba un desarrollismo en los textos ligados a la necesidad de infraestructuras y en la redacción de los borradores destacan la aportación al desarrollo del sector privado, las asociaciones público privadas, la filantropía, el comercio y el entorno propicio que el estado debe crear a los negocios. Pero no reclama una fiscalidad progresiva, suficiente, equitativa. Se reclama transparencia, pero sin fijar normas. Hay referencias al trabajo decente y a que se cumplan los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, pero no se ponen como condición. Es decir, poco más de la situación actual y no un cronograma de actuaciones que haga verosímil el tapar agujeros de las finanzas internacionales para lograr una justicia fiscal o un reparto más equitativo de los beneficios del trabajo y de la riqueza que genera.
Por último, se eluden mecanismos de rendición de cuentas. Así, no se ha planteado la existencia de un organismo fiscal intergubernamental en el seno de las Naciones Unidas que tenga como finalidad la toma de objetivos, medidas para llevarlos a cabo, calendario, y fórmulas de seguimiento e incluso sanciones sobre la fiscalidad mundial. Ese sería un paso trascendental para el desarrollo cohesionado de la humanidad.
