Miércoles, 11 de Diciembre de 2019

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    La ONU estima que cada año pagan un billón de dólares en sobornos y se calcula que más del doble – 2,6 billones de dólares – se roban a través de prácticas corruptas. Esto equivale a más del 5 % del PIB global. Los marcos de protección de los informantes son una herramienta clave para detectar el fraude y otras irregularidades; la protección de los informantes contribuye a la efectividad de los trabajadores para frenar irregularidades en una fase temprana, antes que los escándalos alcancen dimensiones desproporcionadas y se incurra en daños irreparables. Un nuevo informe de la ISP aborda este problema.

    La ONU ha publicado un informe sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación en el lugar de trabajo, cuya presentación fue en la 71ª reunión de la asamblea general que se realizó el 20 de octubre de 2016.

    La CSI celebra la publicación de un informe sin precedentes de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica y asociación, e insta a los gobiernos a tomar medidas respecto a sus conclusiones. El informe, elaborado por el Relator Especial de la ONU, el eminente abogado keniata, Maina Kiai, se presentará a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el 20 de octubre.

    La Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, se suma al llamamiento de los Presidentes de Francia y Sudáfrica para que en todo el mundo se realicen unas inversiones públicas urgentes destinadas a crear nuevos puestos de trabajo en el sector de la salud con el fin de impedir el déficit previsto de 18 millones de trabajadores de la salud, mayoritariamente en los países de ingresos bajos y medianos-bajos, y ayudar a los países a aprovechar al máximo los beneficios sociales y económicos del crecimiento del empleo en el ámbito de la salud.

    La Asamblea General de las Naciones Unidas acogió el 19 de septiembre una reunión de alto nivel para analizar los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, con el fin de unir a los países en torno a un enfoque más humanitario y coordinado.

    La acción acelerada sobre el cambio climático recibe un abrumador apoyo mundial

    El trascendente Acuerdo de París sobre cambio climático fue firmado por 175 países en la Naciones Unidas marcando el inicio de una era de acción sin precedentes para proteger el medio ambiente, reducir las emisiones de gas invernadero y garantizar una transición justa hacia una economía baja en carbono.

    Recientemente, USO se dirigió al presidente rotativo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Liu Jieyi, para reclamarle una solución justa al Territorio no Autónomo del Sáhara Occidental, que pasa por la celebración de un referéndum de autodeterminación, prometido por la Organización de las Naciones Unidas y acordado por las partes, Frente Polisario y Marruecos en 1991. Esa fue la razón por la cual fue creada la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).

    Los Estados miembros de Naciones Unidas llegaron a un consenso este domingo 2 de agosto por la noche sobre el contenido de la futura agenda de desarrollo sostenible post 2015, que se espera sea adoptada durante la Cumbre de jefes de Estado a celebrarse a finales de septiembre en Nueva York.

    El Secretario General de la ONU encomió el acuerdo y señaló que abarca un programa transformador y universal que representa un hito para el mundo.

    Los días 6 y 7 de julio de 2015, España se presentó a examen ante Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados Parte. El informe final aprobado por el Comité el pasado día 20 de julio, suspende con mala nota al Estado español. En las observaciones finales lamenta que España no cumpla con las obligaciones que dimanan del referido Pacto Internacional y expresa su profunda preocupación, entre otras cuestiones, por las que a continuación se relacionan: 

     

    Naciones Unidas ha emitido un demoledor informe sobre la situación de las mujeres en España, a través del “Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica”, de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) con sede en Ginebra, órgano independiente formado por personas expertas que actúan a título individual y que no reciben salario por su trabajo. En él se insta al Estado español a que cumpla sus compromisos internacionales en materia de igualdad de género ante a los alarmantes retrocesos producidos en los últimos años.

    Este Grupo encabezado por la presidenta-relatora, Frances Raday y Eleonora Zielinska visitó España entre el 9 y el 19 de diciembre de 2014, con el objetivo de evaluar los progresos realizados en la discriminación en todos los aspectos de la vida de las mujeres en nuestro país. Tras reunirse con varias organizaciones de la sociedad civil y representantes de distintas administraciones públicas del Estado y Comunidades Autónomas (Andalucía, País Vasco y Navarra), analizó la situación de España desde distintos puntos de vista.

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