La Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre de 2017 y cierre del año pasado, publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística, nos deja algunas buenas noticias, como la reducción anual del paro, pero deja en evidencia las mismas carencias de siempre si analizamos los datos más allá de la bajada de 471.100 desempleados.
En primer lugar, la temporalidad crónica del empleo en España. En 2017, el empleo indefinido ha aumentado en 357.900 y el temporal, en 179.200. “Esto no significa que se hayan creado esos empleos fijos. Si nos vamos al registro de los contratos firmados el año pasado, se suscribieron más de 1.200.000 contratos indefinidos, pero también hubo casi 700.000 temporales que se consolidaron como indefinidos. Es decir, sí mejoró la calidad de ese empleo, pero no se creó. Sin embargo, es solo una mínima parte de la contratación en España. Más de ocho millones de contratos no llegan al mes de duración, y de ellos casi seis ni siquiera duran una semana. Esto quiere decir que esos empleos temporales creados son la suma de decenas de contratos para una misma persona, que a veces no llega a trabajar en total ni siquiera un trimestre al año”, analiza Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de la USO.
Esa temporalidad extrema revierte en otras muchas variables más allá del dato frío de si baja o sube el paro: “una persona que va sobreviviendo con días sueltos cada mes no solo tiene un problema inmediato, sino a medio y largo plazo: no suma las suficientes cotizaciones ni para las prestaciones por desempleo ni para una pensión, con lo cual está condenada a ser un trabajador pobre ahora y en el futuro”, continúa Estévez.
Además, aunque el acumulado de 2017 haya sido positivo en números, tanto en descenso del paro como en aumento de empleados, “no podemos dejar de mirar los datos del cuarto trimestre, donde se demuestra que la creación de empleo va a la baja y se sigue precarizando. En un período donde ha subido el paro más que en los dos años anteriores, la destrucción de contratos a tiempo completo ha sido aún mayor que esa subida: 130.400 han dejado de tener una jornada completa, mientras que han subido los contratos a tiempo parcial en 79.600. En un país como el nuestro, donde los contratos a tiempo parcial no son voluntarios, este dato indica que incluso quienes trabajan no lo hacen al nivel de horas deseado, con su correspondiente salario bajo. Y eso a pesar de que el empleo público se ha reactivado y ha aumentado en 12.700 trabajadores en el último trimestre del año pasado”, lamenta Laura Estévez.
Otra de las carencias sempiternas de nuestro mercado laboral es la feminización del desempleo, así como el desempleo juvenil: de las 471.100 personas que han dejado el paro, 274.400 fueron hombres y 196.700, mujeres, “lo cual sigue aumentando la desigualdad de género por la dependencia económica de las mujeres; al igual que ocurre con los menores de 20 años, que es el único colectivo de edad donde ha subido el paro, impidiendo una emancipación temprana”, considera la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de la USO.
Los datos de actividad son el reflejo de muchas otras políticas que fallan, como las referentes a demografía y natalidad. “El envejecimiento de las regiones del Noroeste se visualiza en los datos de ocupación. Asturias, Cantabria y Castilla y León, junto a Ceuta, son las comunidades autónomas donde más ha descendido la población en edad de trabajar en todo 2017, y en Galicia ha crecido ligeramente, aunque donde menos, de entre todas las que han crecido. Este envejecimiento, producto de la baja natalidad y de las pocas oportunidades de empleo en todo el Noroeste que siguen llevando al éxodo laboral, repercute de forma muy negativa en la sostenibilidad de las pensiones, y hace que sea urgente una política demográfica de fijación de población y de fomento de la natalidad que ningún gobierno se ha atrevido a acometer”, sentencia Laura Estévez.
Por último, sigue preocupando sobremanera el número de hogares con todos sus miembros sin trabajar. Aunque se ha reducido en 177.200, aún hay 1.210.500 familias donde todos sus componentes están en paro: “un alto porcentaje de ellos, tras haber agotado las prestaciones. Son hogares en situación dramática, al borde de la pobreza extrema, de la exclusión social y de la posibilidad de reengancharse a un mercado laboral que los ha expulsado”, concluye Estévez.
