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    El Gobierno opta por privatizar parte de la gestion del nuevo Ingreso Mínimo Vital Destacado

    Viernes, 05 de Junio de 2020 507

    Tragsa, una empresa de capital público, se encargará de parte de la gestión

    Una vez aprobado por el Consejo de Ministros el “Ingreso mínimo vital” se encomienda al INSS la gestión de este, como una prestación no contributiva y ante la necesidad de prever la sobrecarga de trabajo que ello conlleva,  la Dirección General ha diseñado un plan para realizar el trabajo extraordinario que esta prestación va a suponer.

    Plan que no ha sido negociado con los representantes sindicales y del que hemos tenido información a través de las direcciones provinciales que ya están pidiendo voluntarios.

    Desde USO consideramos que nuevamente se parchea el enorme déficit estructural del que adolecen las plantillas de la Administración General del Estado, y que venimos denunciando año tras año sin encontrar en los diferentes gobiernos ninguna voluntad de solucionarlo. Al contrario, se buscan remiendos a problemas que son considerados “coyunturales”.

    En este caso se acude a una empresa denominada EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A., (TRAGSA) cuyo objetivo es “la reforma y desarrollo agrario, forestal y de conservación de la naturaleza”, por lo que llama poderosamente la atención la extraña vinculación que ahora se hace con el servicio contratado.

    En USO aplaudimos la puesta en marcha, aunque tardía, del Ingreso Mínimo Vital, y consideramos que responde a un estado de emergencia social incuestionable, pero entendemos que se hace aplicando un plan que obvia los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en cualquier proceso de acceso al desempeño de la función pública y aunque esta sea limitada, no dejan de ser actos administrativos de reconocimiento de prestaciones a la ciudadanía, y por tanto, nunca deberían de ser realizados por personal ajeno a las administraciones públicas, existiendo como existen mecanismos e instrumentos para conseguir con carácter inmediato el ingreso de personal contratado directamente por la administración pública, salvaguardando derechos y garantías de la ciudadanía.

    Al contrario de lo que ha ocurrido en el SEPE, al parecer ahora si la administración perfila la cuantía de las gratificaciones extraordinarias (horas extra) que se abonarán a los que de forma voluntaria participen de este plan:

          

    • El importe bruto de cada hora completa de trabajo será de 21 €.
    • El tiempo que prevé la Dirección General es de 1,5 expedientes completo a la hora.
    • El abono de los importes correspondientes a cada participante se realizará en un único pago, antes de finalizar el primer semestre de 2021, con el límite máximo de 3.600 euros, teniendo en cuenta en este límite otras gratificaciones por las que el funcionario fuera remunerado.
    • Se prevé ejecutar el Plan en el periodo comprendido entre junio y septiembre de 2020, ambos meses incluidos. 

    USO considera que ya vamos tarde, y que por desgracia la situación que estamos atravesando hubiera requerido de una administración ágil y eficiente, que hubiera sabido responder con celeridad a las necesidades de la ciudadanía, muy diferente de la administración que hoy tenemos, cuyo valor principal reside en las empleadas y empleados públicos de este país.

    No es de recibo por tanto que la Administración aproveche el estado de alarma y la urgente necesidad de que se tramite de forma inmediata el reconocimiento de estas prestaciones, para faltar al respeto una vez más a la Función Pública y a sus trabajadoras y trabajadores, con una encomienda de gestión opaca e injustificada a una empresa de transformación agraria.

    Publicado en Noticias, Igualdad

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