El Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han acordado este jueves impulsar la reforma del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de impulsar el teletrabajo y avanzar en la reducción de la temporalidad.
Según informa el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, este acuerdo ha sido impulsado por la ministra Carolina Darias, quien ha presidido por videoconferencia la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, a la que han asistido los responsables de Función Pública de todas las comunidades autónomas, de las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
De esta manera, la Conferencia Sectorial ha encargado a la Comisión de Coordinación del Empleo Público, con las tres administraciones también representadas, que elabore en el plazo de dos meses una propuesta de reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público que aborde las cuestiones acordadas.
Durante su intervención, Carolina Darias ha destacado la importancia de unir fuerzas para la reconstrucción de las bases sociales y económicas «sin dejar a nadie atrás», resaltando que las personas con responsabilidades públicas tienen que buscar «un mínimo común de entendimiento» y actuar de manera coordinada desde las distintas administraciones públicas «para ser más fuertes y afrontar el futuro con esperanza».
Además, la ministra ha resaltado el comportamiento ejemplar de las empleadas y empleados públicos: «Han mantenido el funcionamiento del sistema sanitario, han garantizado la seguridad de las familias, han desplegado formas novedosas de abordar los impactos económicos y sociales, en suma, han ayudado a la ciudadanía y han garantizado los servicios públicos a pesar de las difíciles circunstancias vividas».
Sobre el teletrabajo, Función Pública señala que la crisis sanitaria obliga ahora a implantar, de forma urgente, una solución que las administraciones públicas llevaban años planificando y que en los últimos años iba adquiriendo un mayor desarrollo en gran parte de empresas privadas y organismos internacionales.
A este respecto, los responsables de Función Pública coinciden en calificar esta modalidad como herramienta útil en las administraciones y un instrumento que facilita la conciliación de la vida personal, profesional y familiar, además de contribuir a la reducción del impacto medioambiental y, en tiempos de Covid-19, a la protección de la salud.
Por otro lado, las administraciones públicas han asumido el compromiso para reducir la temporalidad en el empleo público, impulsado los mecanismos de coordinación necesarios para desarrollar adecuadamente los procesos de estabilización.
Las administraciones también coinciden en evitar que se generen nuevas bolsas de empleo temporal, intensificando el control y la responsabilidad de los gestores. Por ello, sostiene que es el momento de abordar una revisión de la normativa básica estatal para reformular o endurecer las consecuencias del incumplimiento de las previsiones normativas en materia de control de la temporalidad.
Fuente: www.expansion.com
