La Internacional de Servicios Públicos se une al llamado de las Naciones Unidas para romper la cadena de corrupción. La corrupción es un fenómeno social, político y económico complejo que afecta a todos los países. La corrupción mina las instituciones democráticas, aminora el desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad gubernamental.
La campaña de la ONU #rompelacadenadelacorrupcion destaca que la corrupción es un delito transversal que repercute en numerosos ámbitos. Subraya la imperiosidad de actuar contra la corrupción para lograr cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pretenden poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos y para todas.
Sobre la necesidad de combatir la corrupción, la Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, afirma:
“La corrupción merma la financiación pública de los servicios públicos, la transparencia y la credibilidad de los gobiernos y, a la postre, socava las instituciones democráticas. No se estará abordando en serio la corrupción hasta que no se proteja a quienes denuncian la explotación, el crimen y el secuestro del Estado. Por ello, la ISP defiende el establecimiento de una norma internacional del trabajo que proteja a las personas informantes (whistleblowers). Debemos salvaguardar la condición laboral de las informantes y sus ingresos actuales y futuros. El establecimiento y la adopción por parte de los países de dicha norma servirá como medida real de su compromiso con la lucha contra la corrupción”.
Combatir la corrupción lleva siendo prioritario para la ISP desde su Congreso Mundial de noviembre de 2012, donde dio continuidad a la labor realizada durante la década anterior por las afiliadas a la ISP en todo el planeta. La ISP se centra en la lucha contra los paraísos fiscales y los acuerdos secretos entre gobiernos y multinacionales que con frecuencia sirven de pantalla a las prácticas corruptas y facilitan el impago de miles de millones de dólares en impuestos. La ISP defiende como alternativa fundamental a la austeridad y los recortes aplastantes del gasto público, un esfuerzo en serio de combatir la corrupción.
La ISP ha alineado su campaña contra la corrupción con su lucha por la justicia fiscal internacional y la necesidad de brindar protección a los informantes, porque reconoce que la corrupción no surge en el vacío. Pocos dudan de que la crisis financiera mundial de 2008 se debió a la falta de regulación y las malas prácticas en el sector de los servicios financieros. Posiblemente, las personas que trabajan en servicios financieros vieron señales de alarma con mucha antelación, y si hubiera habido políticas en vigor para afrontarlas con firmeza y rigurosidad, se podría haber evitado el tsunami económico que desde entonces se utiliza para justificar las medidas de austeridad más extremas.
El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y solicitó al Secretario General que designara la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como Secretariado de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención (Resolución 58/4). La Asamblea designó también el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción, para sensibilizar sobre esta lacra y el papel de la Convención para combatirla y prevenirla. La Convención entró en vigor en diciembre de 2005.
Gobiernos, sindicatos, sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanía de todo el mundo están uniendo sus fuerzas para luchar contra el delito de la corrupción. La campaña de la ONU en 2115 se centra en destacar cómo esta socava la democracia y el imperio de la ley; propicia violaciones de los derechos humanos; distorsiona los mercados; mina la calidad de vida, y propicia la proliferación del crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad de la ciudadanía.
