Tras la adopción el pasado mes de diciembre del Acuerdo de París por parte de la comunidad internacional, el Gobierno español en funciones no ha dado ningún paso a diferencia de otros países de nuestro entorno como Francia que ya han comenzado el proceso de ratificación. Este proceso consiste en la incorporación de los objetivos y principios del Acuerdo de París dentro de la legislación nacional, de forma que cuando los países que han ratificado este acuerdo representen al menos el 55% de las emisiones globales el acuerdo de París entrará en vigor.
Por el momento ni la Unión Europea ni el Gobierno español han llevado a cabo este proceso, lo que nos sitúa por detrás de los 27 países que como EE UU o China ya han depositado sus instrumentos de ratificación ante Naciones Unidas. Por ello, los integrantes de Alianza por el Clima quieren trasladar al Congreso de los Diputados las palabras pronunciadas por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la pasada semana: “El Acuerdo [de París] debe ser ratificado, cuanto más esperemos, más corremos el riesgo de convertirnos en el hazmerreír de todos y de perder crédito en la escena internacional”.
Aunque el Acuerdo de París sea insuficiente para frenar el cambio climático e impulsar un nuevo modelo basado en las energías renovables y la justicia social y ambiental, es una señal de los países sobre su compromiso de poner freno al cambio climático. Sorprende que, a pesar de las declaraciones de todos los grupos políticos del arco parlamentario sobre la necesidad de tomar medidas, todavía no se haya dado ninguna iniciativa en este sentido. Teniendo en cuenta el consenso existente, el hecho de tener un Gobierno en funciones no debería suponer ningún impedimento político, práctico o legal para ratificar el Acuerdo de París y así situar a España entre los países que más apoyan su rápida entrada en vigor.
Los últimos datos facilitados muestran cómo el Estado español ha aumentado sus emisiones, lo que arroja como conclusión que estamos lejos de una auténtica descarbonización de la economía. El Gobierno español debe de ser mucho más ambicioso, sirva como ejemplo el compromiso sobre los sectores difusos que situarán las emisiones de gases de efecto invernadero españolas en 2020 por encima de las que se registraban en 1990. Por tanto, es necesario activar mecanismos legislativos de mitigación de las emisiones, además del desarrollo de medidas adicionales coherentes con la limitación del incremento de la temperatura global a 1,5ºC.
Esta ratificación es el primer paso para el cumplimiento de nuestras obligaciones como grandes emisores per cápita de gases de efecto invernadero. Alianza por el Clima espera que el proceso no se detenga ahí sino que con la participación de la ciudadanía se inicie la imprescindible transformación de todos los sectores que culmine con una economía descarbonizada en 2050.
Además Alianza por el Clima, a la que USO pertenece, ha solicitado al Magrama que convoque próximamente un Consejo Nacional del Clima (CNC) en el que se aborde de manera participada y consensuada la revisión de las estrategias nacionales para la reducción de las emisiones en todos los sectores productivos y la posición del Gobierno español en la próxima Conferencia de Cambio Climático (COP) de Marrakech, en noviembre. En los últimos años, el CNC se ha convertido en un órgano de la Administración del Estado con las Comunidades Autónomas y con las organizaciones sociales en el que apenas se ha fomentado el debate sobre las grandes decisiones que hay que adoptar en materia de cambio climático.
