Como ya es sabido, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dictó una Orden el 14 de julio (HAP711169/2016), que supone en su aplicación el bloqueo de cualquier gasto “no comprometido” con anterioridad, con la intención de ahorrar 1.000 millones de euros y alejarse lo menos posible del objetivo de déficit público (4’6%) acordado con la Unión Europea.
Estos planes de formación están dotados presupuestariamente de 6’7 millones de euros, habiéndose ya desarrollado un porcentaje considerable de los mismos, por lo que a juicio de la FAC-USO la cantidad que se pretende ahorrar con esta medida es insignificante, en relación con el objetivo perseguido.
Al requerimiento que esta Federación de Empleados Públicos de la USO ha dirigido al Ministerio de Hacienda y AA.PP. demandándole información al respecto, éste ha respondido que “no se encuentra garantizada la disponibilidad presupuestaria en plazo de los fondos de formación para el empleo”.
USO considera que una vez más quedan en entredicho los supuestos esfuerzos del Gobierno por “modernizar” la Administración Pública, a sabiendas de que para ello, es imprescindible la cualificación y especialización de su personal, sólo garantizados a través del desarrollo de los planes de formación.
Por otra parte, somos los empleados públicos nuevamente un instrumento utilizado por el Gobierno para ahorrar en gasto público, como si fuéramos los culpables del abultado déficit público de la Administración, cuyo origen habría que buscarlo en una pésima gestión de los recursos públicos y unas políticas fiscales ineficaces e injustas.
La actual parálisis en los planes de formación supone de hecho mermar aún más las escasas posibilidades de promoción y movilidad que tenemos los empleados públicos, y representan para la FAC-USO simples justificaciones frente a terceros, de eficacia más que discutible.