Como informamos ayer en esta misma Web, El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha anunciado que aplicará la Ley de Subvenciones para el reparto de fondos de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Tras este anuncio, las acciones subvencionadas tendrán que someterse a la libre concurrencia, con lo que esperamos que todos los interesados en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, podamos optar en condiciones de igualdad a las ayudas, y que la elección de los proyectos a desarrollar se base en sus características técnicas, y no en los intereses de los patronos como se ha venido haciendo hasta ahora.
Desde USO mostramos nuestra satisfacción porque, tal y como hemos reivindicado desde hace años, el dinero público destinado a la Fundación para promover acciones de Prevención de Riesgos Laborales se utilizará para este fin y no para beneficiar a las entidades que forman parte de su patronato (entre ellos, Administración General del Estado, comunidades autónomas, patronales y sindicatos más representativos -CEOE, Cepyme, CCOO, UGT, CIG Y ELA-), y que han venido siendo juez y parte en el proceso de reparto de fondos. No olvidemos que estos fondos proceden del 80% del exceso de excedentes de la gestión de las Mutuas, es decir, de la Seguridad Social.
Recordemos que cuando el Presidente del Tribunal de Cuentas acudió al Congreso de los Diputados a explicar el Informe de Fiscalización sobre la Fundación ya puso de relieve que las llamadas “Acciones Directas” “solo podían ser solicitadas por los miembros del patronato y de la Comisión Nacional de Seguridad Social y Salud en el Trabajo. Lo que afectaba cumplimiento de los principios de concurrencia, transparencia, objetividad e igualdad y no discriminación, al no tener la misma oportunidad el resto de organizaciones sindicales o empresariales u otros posibles ejecutantes capacitados para su ejecución. Las organizaciones sindicales que en su calidad de patronos de la Fundación propusieron la realización de las acciones directas, también ostentaron la condición de solicitantes y ejecutantes de estas acciones”.
El Presidente destacó también, como siempre hemos hecho desde USO, que, curiosamente, las acciones se repartían de forma casi idéntica entre patronos de la Fundación, lo que denota la existencia de un posible reparto previo del importe, que afecta al grado de eficacia y economía con que se deben desarrollar las acciones. Así fue el reparto de las acciones indirectas en 2013:
USO lleva cerca de siete años luchando en los tribunales -vía de lo social, del contencioso administrativo y, por último, a través de la vía civil- para que el reparto de fondos públicos para el desarrollo de acciones en materia de prevención de riesgos laborales se ajuste a los criterios de concurrencia, transparencia, igualdad, objetividad y no discriminación.
Además, a lo largo de estos años USO se ha reunido con partidos políticos, Gobiernos autonómicos, Gobierno central y la Defensora del Pueblo, para hacerles llegar nuestra denuncia del reparto previo de los recursos entre las entidades que conforman el patronato de la Fundación, principalmente CEOE-CEPYME, CCOO y UGT, así como nuestra exigencia de que estos fondos se gestionaran siguiendo la Ley de subvenciones.
