La ONU estima que cada año pagan un billón de dólares en sobornos y se calcula que más del doble – 2,6 billones de dólares – se roban a través de prácticas corruptas. Esto equivale a más del 5 % del PIB global. Los marcos de protección de los informantes son una herramienta clave para detectar el fraude y otras irregularidades; la protección de los informantes contribuye a la efectividad de los trabajadores para frenar irregularidades en una fase temprana, antes que los escándalos alcancen dimensiones desproporcionadas y se incurra en daños irreparables. Un nuevo informe de la ISP aborda este problema.
Los trabajadores informantes, sin embargo, se enfrentan a muchas formas de represalias, como el ostracismo, la degradación, la pérdida de empleo, la pérdida de ingresos, agresiones e incluso el asesinato, ¡por hacer lo que es correcto!
Esto y otros problemas se contemplan en el nuevo informe preparado por la ISP Jaque mate a la corrupción: Argumentos a favor de una amplia protección de los informantes, el cual resalta las dificultades a las que se enfrentan los informantes y llama a la adopción de un sólido marco legal para la protección de los trabajadores que luchan contra la corrupción.
La ISP empezó su lucha contra la corrupción en su Congreso Mundial de noviembre de 2012. Desde entonces, la ISP ha alineado su campaña contra la corrupción con la lucha por la justicia fiscal – desafiando a los paraísos fiscales y pactos secretos entre gobiernos y multinacionales, que conducen a que miles de millones de dólares sean sustraídos de las arcas del estado – y la necesidad de proteger a los informantes. La ISP sostiene que el camino para terminar con las políticas de austeridad y el recorte del gasto público pasan por un esfuerzo serio de combatir la corrupción.
La ISP ha trabajado duro para conseguir que la necesidad de combatir la corrupción y la protección de los informantes sean incluidos en las conclusiones de varias reuniones tripartitas de la OIT. Por ejemplo, en junio de 2016, en la revisión de la Recomendación 71, sobre la transición de la guerra a la paz; en julio de 2016, en la respuesta de la OIT a la crisis de los refugiados; y en septiembre de 2016, en las Guías de la OIT sobre contratación ética. La lucha contra la corrupción se halla igualmente integrada en la Agenda 2030. La protección de los informantes debería también formar parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Al respecto, Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP dijo:
«La corrupción socava la financiación de los servicios públicos, la transparencia y la credibilidad de los gobiernos. La corrupción lleva a menos prosperidad, menos empleos, menos derechos, y nunca ganaremos esa batalla si no podemos proteger a los trabajadores que se oponen a ella. Por esta razón, la ISP hace campaña por un marco amplio y ambicioso para la protección de los informantes – para salvaguardar su trabajo, su seguridad y sus vidas. Pero también para que la lucha contra la corrupción sea un compromiso creíble y serio. Los interlocutores sociales y la OIT desempeñan un papel importante al respecto. El Convenio 158 de la OIT, sobre la terminación de la relación de trabajo, de 1982, fue uno de los primeros instrumentos internacionales que incluyó la protección de los informantes, al establecer que la presentación de una denuncia o la participación en un procedimiento contra un empleador no son razones válidas para el despido, y estableciendo que incumbe al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada para la terminación del empleo. En el caso de la protección de informantes, esta carga inversa de la prueba ha sido esencial. Corresponde a la OIT nuevamente desempeñar ese rol fundamental para desarrollar la protección de los informantes de manera más ambiciosa.»
La protección de los informantes está también ganando impulso dentro del movimiento sindical. Además de varias iniciativas nacionales, los sindicatos europeos están liderando una campaña, respaldada por EPSU y la ISP. La petición se encuentra en https://whistleblowerprotection.eu/
Jan Willem Goudriaan, Secretario General de EPSU, refiere que:
“El juicio en instancia de apelación contra los informantes Antoine Deltour y Raphaël Halet, así como contra el periodista Edouard Perrin, que comienza el 11 de diciembre en Luxemburgo, es una llamada de atención para Europa, que tiene que proteger a los informantes en lugar de perseguirlos judicialmente. Nuestra petición, así como el respaldo del Parlamento Europeo, es una señal de que este es el momento oportuno para que la Comisión Europea y los estados miembros tomen el liderazgo en la adopción de marcos legales que protejan a los informantes de represalias, y que se reconozca el rol de los sindicatos en la defensa de los trabajadores que denuncian irregularidades. Creemos firmemente que estas acciones desembocarán en un movimiento global que respalde la protección de los informantes”.
También está la campaña de la Unión Internacional de Trabajadores de Organismos de Control (UITOC, then ULATOC) iniciada en 2009 y apoyada por la ISP, que aboga por la adopción de una norma internacional en el seno de la OIT.
Para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, la ISP publica el nuevo informe Jaque mate a la corrupción: Argumentos a favor de una amplia protección de los informantes, que busca contribuir al debate y que además ofrece argumentos, evidencias y ejemplos de cómo la protección de los informantes, con el apoyo activo de los sindicatos, es una herramienta clave – sino la mejor – para luchar contra la corrupción. Estas son algunas de las conclusiones del informe:
- Los marcos de protección de los informantes y las disposiciones relativas al procedimiento para efectuar una denuncia o divulgación son un medio importante para la detección de fraudes. La denuncia por parte de los trabajadores es más importante que la observación directa, los controles rutinarios, las auditorías internas, la investigación externa y las denuncias externas para sacar a la luz una irregularidad. En una edición reciente del Global Fraud Report se indica que en el 32 % de los casos en los que se descubrió un fraude, fue un trabajador quien había informado de la irregularidad y proporcionado información para facilitar la investigación. En Estados Unidos, los trabajadores facilitaron el 48 % de los casos en los que se descubrió un fraude por medio de divulgaciones como informantes.
- La ausencia de un marco que proteja a los informantes conduce a diversas formas de represalias: ostracismo, degradación, pérdida de empleo, pérdida de ingresos, agresiones e incluso asesinato. En una serie de estudios realizados en el sector público de Estados Unidos se indica que entre el 16 % y el 38 % de los empleados que denuncian irregularidades sufren represalias. Datos similares surgen de casos en Australia y el Reino Unido. Pero en Noruega, el porcentaje es mucho más bajo – entre el 7 y el 18 % – gracias a la estricta protección y a la alta tasa de sindicación.
- Sobre la base de datos recogidos en 13 países, se estima que el número de trabajadores que necesitan de protección como informantes asciende al 7 % de la fuerza laboral.
- La denuncia o divulgación ante los medios de comunicación representa sólo la punta del iceberg de las denuncias de irregularidades. los informantes no sólo tienden a denunciar internamente antes de hacerlo externamente, sino que también tienden a denunciar ante destinatarios internos más de una vez antes de recurrir a un destinatario externo, si es que lo hacen. Algunos datos sugieren que el 97 % de las denuncias de irregularidades comienzan por expresar una preocupación internamente, y el 90 % permanecen en el seno de la organización.
- La legislación y las políticas en materia de protección de informantes también conllevan un coste. Sin embargo, estudios demuestran que el beneficio de las políticas de protección de los informantes supera a los costes. La participación de los informantes para descubrir el fraude y otras irregularidades conlleva unos procedimientos regulatorios más prolongados y, por consiguiente, mayores costes. No obstante, la participación de los informantes ayuda a los organismos reguladores a generar casos más sólidos, que se traducen en un mayor índice de éxito en los procedimientos y unas multas económicas de mayor cuantía.
- Sobre la base de 37 años de experiencia, las 6 pautas para una sólida protección de los informantes son: (i) carga de la prueba para el empleador, (ii) foro (independencia de las autoridades competentes), (iii) reparación final, (iv) reparación provisional, (v) medidas correctoras y (vi) servicios de apoyo (formación y sensibilización). Si bien existen muchos ejemplos de prácticas óptimas en relación con estas seis disposiciones clave, el panorama general de si y en qué medida estas disposiciones clave se aplican en la legislación sobre denunciantes es uno de los problemas más comunes. Esto requiere una iniciativa que sirva de referencia normativa, por parte de la OIT.
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