Sanidad publica un protocolo que obliga a pedir consentimiento a los pacientes para que participen estudiantes

El BOE del lunes 6 de febrero,  recoge una orden por la que se publica el protocolo de pautas básicas para proteger el derecho a la intimidad de los pacientes por parte de alumnos y residentes en Ciencias de la Salud. El documento establece, entre otras medidas, la petición de consentimiento verbal al paciente para permitir que los estudiantes presencien visitas o intervenciones.

Si el paciente da el visto bueno, según el protocolo, “se reiterará su consentimiento en el caso de que se considerara adecuada la realización de algún tipo de exploración física, procedimiento clínico o intervención con fines formativos”. Eso sí, para evitar tener que ir preguntando todo el rato, se podrá solicitar un consentimiento global por un periodo de tiempo, no superior a 15 días.

En paralelo, el protocolo establece que no deberán estar presentes más de tres alumnos por paciente en las intervenciones, cinco si sumamos a los residentes. Además, los estudiantes y residentes deberán contar con una tarjeta visible que les permita acceder de forma identificada a las historias clínicas y en paralelo permita a los pacientes saber qué residentes en formación intervienen en su tratamiento.

El protocolo, aprobado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud el pasado mes de octubre tras consultar a la Agencia Española de Protección de Datos, afecta a estudiantes de Medicina, Farmacia, Odontología, Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Podología, Óptica-optometría, Logopedia, Dietistas Nutricionistas y Psicología General Sanitaria, además de a otros estudiantes de master, doctorado, títulos propios o formación profesional vinculados a la familia sanitaria.

Las razones de su aprobación, según el documento, pasan el “un incremento sustancial del número de alumnos y residentes relacionados con las Ciencias de la Salud que se forman o realizan prácticas en las instituciones sanitarias” y la presión ejercida por entidades como el Defensor del Pueblo o la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

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