SPJ-USO denuncia el “monumental fiasco” del proyecto ‘Papel Cero’ en los órganos judiciales, que ha conseguido el efecto contrario por sus deficiencias: “Se ha triplicado el consumo de papel, tóner e impresoras”
SPJ-USO ha denunciado la situación que padecen los juzgados onubenses desde la implantación de la tecnología informática o ‘Papel Cero‘ que, a priori, venía a agilizar trámites y hacer un favor al medio ambiente reduciendo el consumo de papel. El sistema telemático de los órganos judiciales, sobre todo Lexnet, ha resultado según el sindicato un “monumental fiasco“. Y es que, lejos de ese ‘cero’ en papel, SPJ-USO asegura que “se ha triplicado” el consumo de papel en la Administración de Justicia, así como el consumo de tóner y gastos de mantenimiento de las impresoras.
El sindicato ha recordado que en virtud de la Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el día 1 de enero de 2016 se promovió que el papel desaparecería de la Administración de Justicia. Y un año después de aquel “optimista anuncio ministerial”, SPJ-USO afirma la implantación del proyecto ‘Papel Cero’ se hizo “de forma precipitada y con importantes deficiencias”, provocando un malestar y sobrecarga de trabajo para los funcionarios de Justicia.
Sobreesfuerzo de los afectados
Para paliar esta situación, el sindicato ha alabado el importante esfuerzo por parte de todos los colectivos afectados (funcionarios, letrados judiciales, jueces, abogados, procuradores, etcétera).
El expediente digital, lamenta SPJ-USO, sigue sin ser una realidad y sin cumplir las expectativas que se habían puesto en él.
Durante este tiempo los funcionarios de la Administración de Justicia “han tenido que lidiar con un sinfín de nuevas aplicaciones informáticas que rara vez han funcionado bien desde el principio, ni lo hacen aún en la actualidad”.
Durante este tiempo los funcionarios de la Administración de Justicia “han tenido que lidiar con un sinfín de nuevas aplicaciones informáticas que rara vez han funcionado bien desde el principio, ni lo hacen aún en la actualidad”.
Por su parte los abogados y procuradores han tenido que solventar no pocos problemas con sus respectivos programas informáticos y a día de hoy Lexnet “sigue bloqueándose con demasiada frecuencia“, y sin soportar la transmisión de archivospesados, que han de ser entregados mediante soporte físico en el registro del Juzgado, lo cual implica que el procurador los aporta grabados en un CD y nuevamente repercute este problema en la labor del funcionario, que tiene que abrir cada documento, en ocasiones miles, y después convertirlos en PDF para incorporarlos uno a uno al sistema.
Aferrados a la celulosa y la impresora
Por otro lado, SPJ-USO también señala otra realidad, juzgados en los que los funcionarios se ven “obligados a imprimir todas las demandas y escritos presentados” por orden de sus respectivos superiores, que “se niegan a adaptarse a la nueva normativa“. Algo, apunta el sindicato, que no casa con la filosofía de la citada Ley.
Para el sindicato, la pretendida supresión del papel que se persigue ha de ir necesariamente de la mano del “desarrollo y efectiva implantación del expediente digital”, y “aquí nos encontramos con el segundo gran escollo que está haciendo naufragar los planes del Ministerio de Justicia”.
También reclama a la Junta de Andalucía que proporcione a los funcionarios los medios materiales necesarios, y entre ellos citan pantallas dobles para gestionar de forma clara los documentos digitales y no tener que abrir y cerrarlos constantemente.
El ciudadano, perjudicado en primera y última instancia
Y en todo este sistema de anarquía informática, los ciudadanos son los primeros y últimos perjudicados, ya que ven “cómo la tramitación de sus procedimientos sufre más dilación aún que la que ya tenían que soportar“, pero también, cómo no, los funcionarios de justicia que trabajan en “condiciones precarias y con medios materiales obsoletos”, y precisamente en la comunidad autónoma, que “soporta más carga de trabajo en Justicia de todo el país”.
Por si fuera poco, apunta SPJ-USO, en la actualidad “no hay intercomunicación digital con la Fiscalía“, por ello los procedimientos que van desde el juzgado a la Fiscalía (todos los de ámbito penal) tienen que seguir tramitándose en papel.
Por otra parte, si una sentencia es recurrida en apelación, el procedimiento que se ha tramitado digitalmente hasta ese momento tiene que imprimirse íntegro, o bien grabarse íntegro en un CD para su remisión a la Audiencia Provincial, ya que tampoco es posible remitirlo digitalmente; eso mismo ocurre cuando se acumulan procedimientos entre juzgados, ya que los expedientes digitales no se pueden acumular informáticamente desde el sistema y ello implica que el Juzgado o Tribunal que recibe ese procedimiento tenga que incorporar uno a uno todos los acontecimientos del mismo, lo cual supone una labor muy tediosa, una duplicación innecesaria del trabajo y en definitiva una pérdida de un tiempo que se podría aplicar en otros trámites más necesarios.
Por todo ello desde SPJ-USO seguimos pensando que esto, en su conjunto, más que un proyecto serio, supone una “aventura” improvisada por un Ministerio de Justicia más preocupado en acaparar titulares de prensa que en transformar y modernizar de forma eficaz la Administración de Justicia y por ello no cabe sino calificarlo, a fecha de hoy, de monumental fiasco.
