El Consejo de Ministros ha acordado llevar a cabo una revisión integral del gasto público del conjunto de las Administraciones Públicas, con lo que se da cumplimiento al compromiso asumido en el Plan Presupuestario remitido a la Comisión Europea el pasado 9 de diciembre y en el Programa de Estabilidad 2017-2020 enviado en el mes de abril.
En los últimos años, las finanzas públicas han venido marcadas por un ambicioso proceso de consolidación fiscal que ha contribuido decisivamente a la recuperación económica y la creación de empleo. El ajuste en las distintas áreas de gasto se ha realizado preservando el gasto social (pensiones, educación, sanidad, protección social, prestaciones por desempleo), al que se destinan casi dos tercios del total del gasto total, lo que ha exigido avanzar en la eficiencia del gasto público.
El Gobierno considera imprescindible continuar mejorando la calidad del gasto, apostando por una estructura del mismo que impulse el crecimiento económico y la creación de empleo, al tiempo que haga viable la consolidación fiscal y sostenible el nivel de protección social alcanzado. Es por ello, que ha asumido el compromiso de llevar a cabo una revisión integral del gasto público, con lo que se suma al grupo de países de la Unión Europea que están realizando un ejercicio de «spending review».
Revisión del gasto en subvenciones
En concreto, la revisión del gasto en subvenciones se ha identificado como la primera área de trabajo sobre la cual se hará una revisión en profundidad, con el fin de detectar posibles mejoras en los procedimientos, eliminar duplicidades y realizar un análisis de impacto. Para ello, se ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) realizar el estudio, cuyas conclusiones deberá presentar antes del final de 2018.
La AIREF preparará, en el plazo de dos meses, un plan de acción que incorporará los aspectos metodológicos y las previsiones del citado proceso de revisión, e incluirá una propuesta inicial con el detalle de las líneas de subvenciones a analizar, las entidades públicas afectadas, los períodos temporales a los que se refiera el análisis, y la información que sería necesaria para la realización de estos análisis, así como el presupuesto y calendario de desarrollo.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública servirá de enlace entre la Administración General del Estado y la AIREF, y financiará los gastos que pudieran resultar necesarios para el ejercicio de las funciones encomendadas. Las principales conclusiones del estudio realizado se publicarán por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
