Suele ser política habitual que el criterio principal, para ocupar un puesto de Director Provincial en la Seguridad Social o en cualquier otro ámbito, no sea la eficacia en la gestión sino la afinidad política del partido gobernante de turno, generalmente como pago a los servicios prestados. Afortunadamente no siempre es así, pero desgraciadamente ocurre.
También suele ser habitual que alguno de los agraciados en este atípico sorteo, entre en la Dirección Provincial de turno, como elefante en cacharrería. Haciendo y deshaciendo, envalentonados por la imposición de poder recibida, independientemente de si las consecuencias de su decisión puedan ser buenas o malas para el buen funcionamiento del Organismo o si se ajusta estrictamente a derecho o no.
Al hilo de lo expresado más arriba, hace cuatro años tomó posesión el nuevo Director Provincial del SEPE en Teruel. Una de las medidas de “calado” que tomó, fue la de emitir un informe desfavorable sobre la Subdirectora de Gestión Económica. Informe que sirvió de base para que la Subdelegación del Gobierno denegase la prolongación del servicio de la funcionaria. Informe desfavorable basado en apreciaciones subjetivas como puedan ser: “escaso interés en motivar o incentivar…”¿?. Como era de esperar, la justicia dio la razón a la funcionaria afectada, argumentando que “la denegación de prolongación de funciones, no está basada en hechos objetivos”… ¿se puede emitir un informe, que afecta a la carrera profesional de una funcionaria, basándose en apreciaciones subjetivas?… parece que si… ¡y no pasa nada!.
La sentencia, como era de esperar, obliga a la Administración a reincorporar a la funcionaria en su puesto de trabajo pero sorprendentemente, dicha plaza ya salió a concurso y ya está ocupada por otra persona!. ¿Cómo se puede sacar a concurso una plaza cuya titularidad está inmersa en un proceso judicial?. Como cabía de esperar hubo que interponer la pertinente incidencia de ejecución forzosa en el Juzgado para que se hiciese efectivo el reingreso y… claro… han tenido que crear otra plaza que, por supuesto, nada tiene que ver con la original. Otra chapuza de la que nadie parece ser responsable.¿Van a estar siempre exentos de responsabilidad los cargos que ocupan puestos de libre designación?.
Otro claro ejemplo es la Dirección Provincial de la TGSS de Valencia, donde se premia la productividad –normalmente del 200%- ordenando a la empresa de seguridad que controle el fichaje de los empleados públicos, bajo el lema todo el mundo es culpable, mientras no se demuestre lo contrario, sin importarles demasiado si se incumple o no el Pliego de Prescripciones Técnicas o la legalidad vigente, yendo incluso en contra la opinión de sus superiores…
Bien harían los políticos de turno en afinar un poco más a la hora de designar los que van a ocupar puestos de libre designación.
Ahorraríamos tiempo y dinero.
