La situación es insostenible. Estamos sufriendo, en pleno siglo XXI, la mayor crisis humanitaria de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. El número de personas que huyen de su país para salvar sus vidas por conflictos armados, vulneración de derechos, violencia y persecuciones, aumenta cada día. Ya son más de 65 millones en todo el mundo. En 2016, 1.259.265 trataron de encontrar refugio en Europa solicitando protección internacional, de las cuales solo 15.755 lo hicieron en España. El mar Mediterráneo se ha convertido en la mayor vergüenza de Europa; en los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus aguas, y solo desde 2016 lo han hecho casi 7.000, entre las que se encuentran niñas y niños que se han quedado sin futuro. Y lo que es peor… nuestro Gobierno mira hacia otro lado, mientras estas muertes podrían haberse evitado si las personas hubiesen contado con vías legales y seguras para obtener protección.
Además, nuestras multinacionales, al igual que las de otras potencias mundiales, están también en el origen de las causas de estas migraciones forzosas: guerras provocadas por intereses económicos y energéticos, vulneración de derechos, esclavitud laboral…
Mientras tanto, ¿Qué hace Europa, ¿qué hace España? Lejos de dar una respuesta a favor de las personas, hemos blindado nuestras fronteras ante la llegada de miles y miles de personas buscando refugio, hemos endurecido las políticas de asilo para que cada vez sea más difícil acceder al derecho de protección internacional, y hemos apoyado acuerdos “ilegales” con terceros países no seguros, como Turquía o países africanos, para que sean éstos los que se encarguen de “gestionar” el futuro de millones de personas que huyen de la guerra o cuyas vidas corren peligro por algún tipo de persecución. Personas cuyos derechos humanos están siendo reiteradamente vulnerados, primero en sus países de origen y luego cuando llegan al nuestro, a pesar de todas las leyes internacionales y declaraciones universales que obligan a España a ofrecer protección internacional. Vivimos una crisis del Estado de Derecho.
Para colmo, el Gobierno español tampoco está siendo capaz de cumplir sus propios compromisos. Miles de personas siguen esperando en campos de refugiados dentro y fuera de Europa, en condiciones infrahumanas, para ser acogidas. En septiembre de este año finaliza el plazo para que España acoja a las 17.337 con las que se comprometió. Hasta hoy, solo hemos acogido al 7% de todas ellas. Un porcentaje vergonzoso que nos da el récord en la falta de cumplimiento del acuerdo respecto al resto de países europeos.
Además, las políticas de asilo españolas durante 2016 han limitado al máximo el derecho de asilo a miles de personas que no huyen del conflicto sirio, pero sí de otros, y que también sufren violaciones de sus derechos.
Ahora más que nunca, es necesario y urgente que toda la ciudadanía, colectivos, asociaciones, entidades y movimientos sociales salgamos a la calle para decir alto y claro lo que queremos.
- Queremos una Europa Acogedora, NO una Europa Fortaleza.
- Que se proteja el derecho a la vida y al refugio, NO que se vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a nuestras fronteras huyendo de la muerte.
- Que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación internacional y que no se incumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. NO se puede expulsar a nadie a países no seguros.
Todas juntas exigimos que las personas que huyen de sus países sean tratadas según sus derechos y por tanto puedan solicitar la protección internacional que les corresponde en países como España, sin trabas y de forma efectiva.
- Que España, y el resto de los países europeos, garantice para ello el acceso a unas vías legales y seguras, como corredores humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas.
- Que España y el resto de gobiernos de la UE adopten medidas urgentes de acogida, y las apliquen de inmediato, haciendo especial hincapié en las necesidades especiales de protección de las personas en situación de vulnerabilidad como niños y niñas, mujeres y personas LGTBI.
- Que la Unión Europea suspenda la firma y los acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los Derechos Humanos.
- Que España y la UE lleven a cabo políticas de acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes.
Y por supuesto, que los gobiernos refuercen la cooperación al desarrollo para trabajar en las causas que provocan los desplazamientos de las personas refugiadas, para evitar que sigan huyendo.
