La CSI y su organización regional, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), nuevamente vienen a expresar su profunda preocupación por la situación que se vive en Venezuela y que configura un cuadro de peligrosa confrontación con un elevado costo de vidas, heridos, detenciones, destrucción de la infraestructura y otros daños al país y a su población.
En los últimos tres meses hemos asistido a una situación de recrudecimiento de la violencia política, lo que configura un agravamiento de la situación de crisis que el país atraviesa, con un saldo aproximado de 100 personas muertas, producto de diversas situaciones de violencia (por disparos, quemadas vivas, degolladas, en saqueos, en las barricadas, entre otras) que han costado la vida a partidarios del Gobierno y de la oposición, así como a personas no vinculadas a las manifestaciones y que no tenían ninguna identidad con el conflicto político que se arrastra en el país y que son la mayoría de los casos. Las víctimas son en su mayoría personas jóvenes, trabajadoras y estudiantes, funcionarios públicos y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. La acción violenta involucra a las fuerzas de seguridad del Estado –policía y Guardia Nacional Bolivariana (GNB)–, así como a grupos de civiles armados vinculados a la oposición al Gobierno. Es necesario esclarecer las circunstancias verdaderas en las que ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades jurídicas y penales de los casos. Ninguna muerte puede ser utilizada como bandera política.
El Secretario General de la CSA, Víctor Báez, manifestó: “Condenamos toda forma de violencia para dirimir las diferencias políticas dentro de un régimen democrático. El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos, así como el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, entre ellos el derecho a la manifestación pacífica. Por otro lado, los actores políticos de la oposición deben utilizar responsablemente sus derechos democráticos, desistir de estimular vías inconstitucionales para lograr sus objetivos y condenar explícitamente la utilización de la violencia. Ningún proyecto político realmente democrático podrá ser legitimado sobre la base de la imposición violenta”.
El Gobierno venezolano y las diversas instituciones del Estado deben actuar para contener la violencia, provenga ésta de donde provenga, proteger a sus ciudadanos y la infraestructura de servicios públicos del país. Es obligación del Estado identificar y castigar a los funcionarios de seguridad involucrados en hechos que configuren violación a los DDHH. Igualmente deben ser responsabilizados por sus delitos aquellos civiles promotores de hechos de violencia que hayan ocasionado muertes, heridos y destrucción de la infraestructura pública o privada.
La mayoría del pueblo venezolano, sus trabajadoras y trabajadores, hombres y mujeres de cualquier signo ideológico demandan de los actores políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, verdaderos gestos democráticos, llamados reales a desarmar el discurso de odio y violencia, para mantener y fortalecer la democracia y sus instituciones. Las necesidades económicas y sociales, los graves problemas de la población sólo serán posible enfrentarlos si los diversos sectores, tanto público como privado, del Gobierno y de la oposición, se disponen a contribuir con la recuperación de la paz y la estabilidad del país.
Según la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, “el movimiento sindical internacional representado en la CSI y CSA demanda salidas a la crisis política de Venezuela con el compromiso de un verdadero diálogo entre el Gobierno y la oposición democrática, con garantía de respeto a la existencia del adversario político y reconocimiento de la necesaria negociación entre los diferentes bandos para encontrar las salidas que el país reclama. Este proceso debe ser realizado entre las venezolanas y los venezolanos, sus instituciones y organizaciones políticas y sociales, incluidas los sindicatos, con apego a la Constitución y las leyes actualmente vigentes”.
Es deber de la comunidad internacional y las instituciones del ámbito regional y mundial acompañar el proceso de Venezuela, sin injerencias ni imposiciones que no favorezcan el reencuentro y la paz entre sus habitantes. El sindicalismo internacional hace votos por el fin de la confrontación y la pronta recuperación de la dinámica social y política en un entorno de paz, que todo el pueblo venezolano merece y la comunidad internacional espera.
