El pasado 5 de julio se realizaron las entrevistas personales a los aspirantes a cubrir la plaza de Director Gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz. El proceso se convocó en Diciembre de 2016 y ha estado paralizado durante 4 meses desde la publicación de la lista provisional, coincidiendo con el periodo más convulso políticamente en el Ayuntamiento por el anuncio de la posible moción de censura. Una vez que las aguas vuelven a su cauce y tras los acuerdos recientes entre el Equipo de Gobierno y C´s, el proceso se ha vuelto a retomar.
En las bases de la convocatoria se recoge que “la idoneidad de los aspirantes con el perfil propuesto y el cumplimiento de los requisitos exigidos, serán evaluados por la Vicepresidencia del IMSS y técnicos especialistas en las funciones a desempeñar” y que “la entrevista versará sobre aspectos del currículum vitae del candidato, puntos concretos de los méritos alegados, proyecto presentado y, en general, sobre todos aquellos aspectos que permitan evaluar la idoneidad del candidato para el puesto”. También se recoge que “la Vicepresidenta del IMSS para formular su propuesta al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Badajoz, podrá recabar cuantos informes estime oportunos, así como asistirse del asesoramiento técnico que considere conveniente”.
Pues bien, parece que los técnicos que han asistido a la Sra. Concejala del IMSS no son tan técnicos en la materia, ya que sus asistentes fueron la Primera Teniente de Alcalde, María José Solana, que según información facilitada por el propio Ayto. es abogada y Diplomada en alta dirección de ejecutivos, y un Jefe de Servicio que, según nuestras informaciones, carece de titulación académica relacionada con la materia.
Curiosamente, con esta “entrevista personal”, se pretende justificar una situación similar a la denunciada por el Partido Popular en la Diputación de Badajoz, donde se tildaba de “dedazo” la contratación del hermano de Pedro Sánchez, y con la que se daba a entender que se contrataba a los más afines según la ideología y no al más cualificado para el puesto. Pero ya sabemos la doble vara de medir que existe en estas situaciones donde, llevándose a cabo acciones similares por los diferentes partidos políticos, si lo hace uno mismo está bien, y si lo hacen los demás es ilegal, dedazo, enchufismo o como se quiera llamar.
Desde USO solo pedimos que los procesos selectivos se ajusten a la legalidad, y que si el Equipo de Gobierno ha publicado unas Bases de una convocatoria (supuestamente hechas a medida para un aspirante determinado) al menos se ciña a las mismas, ya que mucho nos tememos que el aspirante seleccionado será Licenciado en Audiovisuales y con tres años de experiencia en el sector, en lugar de tener titulación relacionada con la materia y contar con más años de experiencia como pueden tener otros aspirantes.
