El 21 de septiembre entró en vigor provisionalmente el Acuerdo Económico y Comercial (CETA) de la UE con Canadá. Al ser un acuerdo mixto, comercial y de protección de inversiones, y ser necesaria la aprobación unánime de los Estados miembros de la UE, esta última parte tendrá que esperar a la misma. La protección de inversiones incluye el nuevo sistema de tribunales especiales de inversión, fuera de la justicia ordinaria, y es lo que todavía no está vigente, pero prácticamente la mayoría de las disposiciones del Acuerdo, más del 90%, comenzarán a regir hoy.
Por eso USO hará seguimiento del CETA junto a la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a través de un comité creado al efecto (DAG), dado que USO sigue oponiéndose a cualquier modelo de protección de inversiones que suponga la creación de jurisdicciones excepcionales ajenas a la Justicia ordinaria europea y de nuestro país.
Además del rechazo a esos tribunales especiales, o la falta de mecanismos de control de la elusión fiscal de las multinacionales, que favorecen a las grandes corporaciones, y que se quieren mimetizar en las nuevas negociaciones con otros países y renovando los Acuerdos internacionales vigentes, los sindicatos, a través de la CES, consideramos que la redacción del Acuerdo deja abiertos elementos preocupantes “particularmente cuando se trata de servicios públicos, estándares ambientales y de consumo y cumplimiento de los derechos laborales”.
En este sentido, hay que señalar que tanto la CES como el Congreso Laboral de Canadá (CLC) han estado trabajando para mejorar el texto durante las largas negociaciones. Fruto de ello hay que señalar que Canadá, frente a la postura de Estados Unidos por ejemplo, al final de las mismas y paralelamente, ha suscrito todos los Convenios Fundamentales de la OIT. Pero siendo esa cuestión necesaria, los sindicatos entendemos que se tiene que activar la cláusula de revisión del Capítulo de Desarrollo Sostenible (Artículo 23.11.5) para incluir derechos laborales ejecutables.
Por otro lado, queda pendiente de definir y hacer transparente, la ‘cooperación reguladora’ con la puesta en marcha de diferentes comités conjuntos –cuya composición se desconoce, igual que las fechas y contenidos de sus reuniones– que parece no tiene como mandato elegir los estándares más exigentes y que podrían debilitar las normas ambientales y sanitarias actualmente vigentes en Canadá y la Unión Europea.
Por todas estas cuestiones ya desde la CES se pide que se establezca urgentemente el “Grupo consultivo interno” y el foro de la sociedad civil previsto por el CETA para que puedan iniciar su labor de seguimiento de la aplicación provisional del CETA.
