La sección sindical de USO en la Diputación de Castelló ha elevado un informe al vicepresidente de la entidad, Vicent Sales, en el que critican que un grupo de funcionarios de diferentes niveles perciben retribuciones económicas por trabajos de asesoramiento y otras actividades de apoyo administrativo que realizan en los consorcios de los planes zonales de residuos, en abastecimiento y depuración de aguas y en otras entidades dependientes de la Diputación.
En el comunicado, FAC-USOCv expone que, según los datos recopilados, hasta quince funcionarios estarían realizando estos trabajos durante más de 10 años con un coste de entre 12.000 y 4.000 euros anuales, en función del tipo de asesoramiento y que los consorcios ingresarían directamente en las cuentas de los trabajadores.
Se trata de funcionarios de todos los niveles, y desde nuestra Sección Sindical se cuestiona este tipo de actividad que supone una segunda actividad que sería incompatible con el estatuto de funcionario público.
El vicepresidente de la Diputación de Castelló, Vicent Sales, indicó al respecto que efectivamente personal de la entidad realiza estas funciones, pero que están definidas y aprobadas por el pleno y que en el caso de los consorcios existe una obligación legal por parte de la diputación para ofrecer este asesoramiento a los consorcios que de ella dependen o de los que forma parte.
Además, desde USOCV se estudia llevar a Fiscalía los pagos a los funcionarios.
En este sentido, desde la sección sindical de USO en la Diputación de Castelló se está estudiando con los servicios jurídicos trasladar la denuncia al Ministerio Fiscal para que determine si existen ilícitos penales en el hecho de que los consorcios abonen fuera de nómina retribuciones a los funcionarios de la diputación por trabajos realizados en el marco de los primeros y sin reconocimiento de segunda actividad o regímenes de dedicación parcial.
En el informe que el sindicato hizo llegar al vicepresidente Vicent Sales ya se demandaba la depuración de responsabilidades y el restablecimiento de la legalidad si, tras una investigación de detectara arbitrariedad en la elección. No obstante, los sindicatos estudian dar un paso más y trasladar la investigación a la Fiscalía.
Desde USO creemos que en el momento de la creación de los consorcios la diputación sí que debía prestar esos servicios, pero que tras más de un decenio» deben ser estas entidades las que asuman sus propias competencias.
