FAC-USO, junto al resto de Sindicatos y el Govern refrendan unánimemente la aprobación del primer Sistema de Evaluación de Competencias para trabajadores de la función pública de la CAIB
Este acuerdo supone un paso muy importante para mejorar las competencias profesionales del personal. Según la consellera Catalina Cladera, “con esta iniciativa completamos la hoja de ruta hacia la mejora de los servicios a la ciudadanía, a través de la potenciación de las competencias profesionales de los empleados y empleadas de la Administración autonómica”.
La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado “el camino común que hemos hecho con los trabajadores y sus representantes en los dos últimos años”.
La recuperación del papel de la interlocución entre Gobierno y sindicatos “es clave”, no sólo para devolver derechos y prestaciones que “se eliminaron” para el personal de la Administración, sino para “incorporar nuevas herramientas que incidan positivamente en el servicio que ofrecemos a la sociedad”.
El sistema de evaluación de competencias se ha negociado en la Mesa Sectorial de Servicios Generales y en el seno del Comité Intercentros, en cuanto al personal funcionario y laboral respectivamente, y se ha aprobado por unanimidad en cada uno de estos órganos. La consellera Cladera ha destacado “el apoyo de todos los sindicatos” con representación en el ámbito de aplicación del acuerdo.
Este sistema se basa en una evaluación 360º, que incluye la visión del propio trabajador evaluado, y la del resto del entorno laboral de igual nivel, de nivel superior o de nivel subordinado. Este conjunto de opiniones se sistematizan en el entorno de unos parámetros previamente fijados, análogos a todos los procesos de evaluación, que fijan las capacidades del personal evaluado en el trabajo en equipo, su adaptabilidad y flexibilidad, el compromiso e implicación, la orientación de su trabajo a los resultados, la orientación hacia la ciudadanía y las habilidades directivas en el caso del personal de las escalas administrativas que tengan trabajadores a su cargo.
La evaluación se calificará en base al nivel logrado de conducta asociada, con seis estadios diferentes. El resultado final permitirá detectar áreas de mejora que podrán ser atendidas. Las competencias se evaluarán anualmente y permitirán tomar las decisiones oportunas en el marco de la planificación de los recursos humanos y la calidad de los servicios. El primer periodo de evaluación será de cuatro meses, entre este mes de noviembre y el febrero de 2018.
Los principales objetivos que pretende la implantación de este sistema de evaluación 360º son:
a) Dotar a la Administración de una herramienta para medir la actividad profesional de las persones empleadas públicas.
b) Valorar los resultados obtenidos para reorientar las políticas de gestión de recursos humanos y llevar a cabo mejoras del modelo por el futuro.
c) Establecer los mecanismos de mejora emanados de las sugerencias y aportaciones de todos los implicados en el proceso.
d) Estimular y motivar el personal en la realización de sus tareas y, a su vez, aumentar la eficacia en el ejercicio de la función pública.
e) Identificar el grado de adecuación de las personas a los puestos de trabajo y optimizar las capacidades personales.
f) Detectar las necesidades formativas del personal evaluado.
El sistema también incluye la creación de una Comisión paritaria con participación de representantes de la Administración y de los Sindicatos que tendrá como principal misión el pilotaje de la implantación del sistema y la propuesta a la Administración de las mejoras emanadas de las sugerencias y aportaciones de todas las personas implicadas en el proceso.
