SPJ-USO y JyP denuncian que el acuerdo firmado deja fuera a 33.000 funcionarios judiciales
Se cierra en falso el conflicto sin dar respuesta alguna a reivindicaciones fundamentales, como la determinación de funciones o la carrera profesional.
Tras casi un año desde que se iniciara el conflicto de funcionarios de justicia, Ministerio, CSIF y UGT firmaron este jueves, 11 de abril, un acuerdo que contempla una subida salarial para 12.000 trabajadores de la Administración de Justicia.
¿Qué pasó con la determinación de funciones y la carrera profesional?
Los sindicatos SPJ-USO y Justicia y Progreso (JyP) denuncian que, con este acuerdo, respaldado solo por el 35% de la representación sindical de Justicia en España (CSIF y UGT), se pretende cerrar en falso el conflicto, con una subida salarial solo aplicable a una cuarta parte del colectivo y que, por tanto, deja fuera a 33.000 funcionarios.
Ambas organizaciones critican “que la intención desde el inicio del conflicto fue echar balones fuera, y derivar la ‘solución’ del mismo a las comunidades autónomas, cuando, tanto por competencias como por las subidas aplicadas a las élites judiciales, y el contexto actual de reforma de la organización de la Justicia en España, es el Gobierno el que tenía y tiene que tomar las riendas e implementar una mejora retributiva aplicable a todos los funcionarios y no solo a una parte”.
“Además de ser insuficiente en materia salarial, para el cierre del conflicto sí o sí deberían haberse negociado cuestiones clave para el futuro del colectivo como la determinación de funciones, la negociación de la reforma de la Justicia, o la carrera profesional horizontal”, entre otras.
Para SPJ-USO y JyP, el conflicto de Justicia está lejos de resolverse, pues el acuerdo apuntalado tan solo por CSIF y UGT ni sanea la enorme brecha retributiva que hay entre el complemento general de puesto de los letrados de la Administración de Justicia y los cuerpos generales de Justicia, ni soluciona las cuestiones referentes a las funciones del colectivo y las limitaciones pretendidas a través de la conocida como Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, “principales reclamaciones de un conflicto viejo que lleva un año sin visos de resolución”.
“El Sr. Bolaños aseguró en comparecencia de prensa que, con el acuerdo suscrito, se hacía justicia para la Justicia y desde SPJ-USO y JyP queremos decirle que no; que no mienta y que se ponga a trabajar de una vez por todas por y para esa justicia para la Justicia, que no llegará si no se atiende a la totalidad del colectivo”, zanjan ambos sindicatos.
