FAC-USO Castilla-La Mancha denuncia que el próximo jueves, 11 de julio, se consumará en las Cortes regionales el que consideran el mayor despropósito legislativo contra la independencia y profesionalidad de la función pública autonómica, con la votación final de la polémica Ley de Simplificación Administrativa.
Lejos de su nombre, esta norma no simplifica, sino que debilita la administración pública, abriendo la puerta a una privatización encubierta de servicios esenciales mediante la figura de las llamadas “entidades colaboradoras”.
FAC-USO alerta de que este sistema permitirá derivar trámites públicos a empresas privadas, lo que obligará a la ciudadanía a pagar dos veces por servicios ya financiados con sus impuestos.
Una ley a medida para beneficiar a los afines
FAC-USO lamenta el creciente silencio institucional y mediático en torno a esta ley, que no ha sido fruto del diálogo social, y que contará sorprendentemente con el apoyo del Partido Popular, además del PSOE, su promotor.
La norma consolida un modelo clientelar en el que se recortan competencias al personal funcionario mientras se multiplican los cargos de libre designación y los asesores con niveles retributivos que ningún empleado público alcanzará de forma objetiva.
Además, la federación denuncia que esta ley viene a reforzar una estructura de poder político cada vez más alejada de los principios de imparcialidad, mérito y profesionalidad, y alerta de que puede convertirse en un campo abonado para la arbitrariedad y las corruptelas, como ya se ha visto en otros territorios.
Exigimos la retirada inmediata de la ley
FAC-USO considera que la aprobación de esta ley supone un paso atrás inadmisible en el modelo de función pública que tanto ha costado construir y consolidar. Por ello, exige la retirada inmediata de la norma y hace un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no avalen esta involución democrática y apuesten por una administración profesional y al servicio de toda la ciudadanía.
Porque lo público se defiende, no se vende.
