Javier Toro, Secretario General de FAC-USO, ha intervenido este lunes en la reunión del Grupo del Mediterráneo de EPSU, exponiendo ante el resto de sindicatos participantes la grave situación de abuso de temporalidad en las Administraciones Públicas en España y presentando el informe elaborado por FAC-USO con propuestas de actuación a nivel europeo.
La reunión, celebrada en formato híbrido, ha contado también con la participación de Lucía Nieto, responsable de Comunicación e Internacional de FAC-USO, y ha sido moderada por la coordinadora del grupo, Giordana Pallone. Durante la sesión se abordaron diferentes temas vinculados al empleo público en los países del arco mediterráneo, destacando la intervención de FAC-USO como uno de los puntos centrales del orden del día.
En su intervención, Javier Toro ha denunciado que “más de 800.000 trabajadores y trabajadoras del sector público en España siguen atrapados en contratos temporales de larga duración, pese a desempeñar funciones estructurales desde hace años”. Toro ha recordado que FAC-USO inició su campaña judicial contra el fraude de ley en el año 2019, con la presentación de 830 demandas individuales, a las que se han sumado otras 450 demandas desde la reactivación de la campaña en 2023.
“No prometemos milagros, pero sí garantizamos una defensa legal seria, caso a caso, basada en la legislación europea y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, ha subrayado el Secretario General de FAC-USO.
Entre los avances judiciales más significativos expuestos, Toro ha destacado la sentencia obtenida por FAC-USO en la Diputación de Granada, donde se reconoció como fijo a un trabajador laboral temporal. Esta resolución está actualmente recurrida por la Administración y suspendida hasta que se pronuncie el TJUE, lo que podría marcar un hito jurídico en el ámbito del empleo público.
En cuanto a los funcionarios interinos, Toro ha explicado que los tribunales están reconociendo al menos su permanencia en el puesto de trabajo hasta que la plaza sea cubierta por un funcionario de carrera, como medida de protección frente al cese arbitrario.
Durante su exposición, FAC-USO ha criticado también las limitaciones de la Ley 20/2021, que en teoría venía a solucionar el problema de la temporalidad, pero que en la práctica ha resultado ser una respuesta parcial, tardía y excluyente, con procesos que no garantizan una estabilización real.
“España sigue vulnerando los principios europeos de eficacia, proporcionalidad y estabilidad en el empleo público”, ha afirmado Toro.
En la segunda parte de su intervención, FAC-USO ha pedido al Grupo del Mediterráneo que:
- Incluya el abuso de la temporalidad como punto permanente en su agenda de trabajo,
- Promueva una declaración conjunta o campaña sindical coordinada,
- Y eleve esta problemática al Comité Ejecutivo de EPSU, donde FAC-USO no tiene representación directa.
“Este no es solo un problema español. La precariedad estructural en los servicios públicos es una realidad en todo el sur de Europa. Necesitamos una estrategia sindical compartida a nivel mediterráneo y europeo”, ha concluido Javier Toro.
El informe completo de FAC-USO fue entregado a Françoise Geng, presidenta de EPSU, en mayo, y compartido posteriormente con los sindicatos del grupo. Mañana continuará la segunda sesión de esta reunión, donde se seguirán debatiendo propuestas de acción conjunta frente a las políticas de austeridad y recortes en el empleo público.
