FAC‑USO ha tenido conocimiento de que el próximo 9 de octubre el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitirá sus conclusiones sobre si España está obligada a convertir en fijos a los trabajadores interinos que llevan años ocupando puestos estructurales en las administraciones públicas.
Esta decisión —previa a la sentencia definitiva del TJUE— será clave para miles de empleados públicos en abuso de temporalidad, que siguen encadenando contratos sin garantía de estabilidad laboral.
La intervención del TJUE se produce a raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español para esclarecer si la normativa y jurisprudencia nacional se ajustan al Derecho europeo.
Desde FAC‑USO, que ha liderado durante años la denuncia y defensa jurídica del personal interino y laboral temporal, se valora esta futura resolución como una oportunidad histórica para corregir un abuso estructural que afecta a más de 800.000 personas en todo el país.
“Llevamos años advirtiendo que muchas administraciones utilizan a los interinos como personal fijo de facto, pero sin derechos reales. Esta decisión puede marcar un antes y un después si se reconoce la obligación de convertirlos en fijos”, ha señalado Javier Toro, Secretario General de FAC‑USO.
Una campaña legal firme desde 2019
FAC‑USO ha emprendido una de las campañas jurídicas más rigurosas y amplias en el sector público:
- En 2019, presentamos 830 demandas individuales por fraude de ley en la contratación.
- En 2023, reactivamos la ofensiva judicial con 450 nuevas demandas.
- En paralelo, ofrecemos asesoramiento gratuito a todas las personas afiliadas que se encuentren en situación de abuso.
Entre los logros obtenidos, destaca la sentencia contra la Diputación de Granada, donde se reconoció la fijeza a un trabajador temporal. Aunque la resolución está recurrida por la administración y a la espera de decisión definitiva del TJUE, sienta un precedente clave.
En el ámbito de los funcionarios interinos, FAC‑USO ha conseguido que los tribunales reconozcan el derecho a permanecer en el puesto hasta que la plaza sea cubierta por un funcionario de carrera, evitando así ceses arbitrarios.
“No es solo un tema jurídico, sino de justicia social. Si no se garantiza la conversión en fijos, al menos debe reconocerse una indemnización real, efectiva y disuasoria”, ha añadido Toro.
FAC‑USO reclama acciones concretas
De cara a la próxima decisión europea, FAC‑USO insta al Gobierno y a todas las administraciones públicas a:
- Reconocer la fijeza en los casos de abuso, sin necesidad de esperar a que cada trabajador tenga que recurrir a los tribunales.
- Revisar de forma urgente los procesos derivados de la Ley 20/2021, asegurando que no excluyan a quienes han sido víctimas de este abuso.
- Impulsar una solución general que garantice seguridad jurídica, estabilidad y respeto a los principios del Derecho europeo.
- Aplicar sanciones efectivas frente a las administraciones que incumplan reiteradamente los principios de no discriminación y estabilidad.
Compromiso sindical firme
FAC‑USO seguirá trabajando a todos los niveles —jurídico, sindical y europeo— para lograr que esta resolución no se quede en un pronunciamiento más, sino que se traduzca en derechos consolidados para miles de trabajadores y trabajadoras que durante años han sostenido los servicios públicos desde la precariedad.
“Es hora de cerrar esta etapa de abuso con una respuesta clara, legal y justa. Desde FAC‑USO seguiremos peleando hasta que se garantice la estabilidad real de quienes han sido maltratados por un sistema que lleva demasiado tiempo mirando hacia otro lado”, concluye Javier Toro.
