FAC-USO Baleares denuncia la falta de negociación de la Conselleria de Treball y Funció Pública con el personal empleado público

FAC-USO Baleares, Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera, denuncia la ausencia de una negociación real por parte de la Conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB) con el personal empleado público de los servicios generales.

Desde FAC-USO Baleares se trasladó a la Conselleria la necesidad de abrir un proceso de diálogo social efectivo, transparente y con participación sindical real, en el que se aborden cuestiones que afectan directamente a las condiciones laborales del personal funcionario y laboral de la administración autonómica.

Sin embargo, FAC-USO Baleares denuncia que la Conselleria ha incumplido el principio de negociación colectiva, al no abrir una mesa de negociación en el ámbito de Servicios Generales para tratar la homogeneización del complemento de insularidad, prevista en el punto 3.2 del Acuerdo de 25 de abril de 2025.

Esta cuestión sí fue objeto de negociación en otros sectores, como Sanidad y Educación, mientras que en Servicios Generales se limitó a una mera comunicación informativa, sin posibilidad de negociación sindical.

Para FAC-USO Baleares, esta forma de proceder vulnera el derecho constitucional a la negociación colectiva y el principio de buena fe negociadora, al excluir a los representantes de los trabajadores de un asunto que debe ser obligatoriamente negociado y que tiene un impacto directo en las retribuciones y en la equidad entre sectores.

Desde FAC-USO Baleares reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales del personal empleado público de la CAIB y exigimos que la Conselleria rectifique su actuación, abra los espacios de negociación correspondientes y garantice una participación sindical real y efectiva, sin exclusiones ni decisiones unilaterales.

FAC-USO Baleares continuará trabajando y adoptando las medidas necesarias para que se respete la negociación colectiva, se refuercen los derechos de los empleados públicos y se ponga fin a prácticas que vacían de contenido el diálogo social en la administración autonómica.

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