“La improvisación la están pagando los ciudadanos”
FAC-USO, a través de su sector de Justicia (SPJ-USO), denuncia que la implantación de los Tribunales de Instancia se está desarrollando sin planificación, sin medios suficientes y con protocolos de trabajo que agravan el colapso.
Lo que debía suponer una modernización del servicio público se está traduciendo, en la práctica, en desorganización, sobrecarga y retrasos que perjudican a los profesionales y, sobre todo, a miles de ciudadanos que esperan una respuesta judicial.
“Nos encontramos con un modelo que se está imponiendo a golpe de improvisación, sin inversión real y sin escuchar a quienes sostienen la Justicia cada día”, afirma Adriano Moreno, secretario general de SPJ-USO. “Y cuando la Justicia se atasca, no se atascan papeles: se atascan vidas, decisiones urgentes y derechos”.
Una reforma que traslada el problema a la ciudadanía
Desde su puesta en marcha, la reorganización está provocando confusión en la asignación del personal, equipos fragmentados en múltiples “microestructuras” y criterios poco transparentes, lo que dificulta la cobertura normal de bajas, permisos y vacaciones.
A esto se suma un problema estructural: se crean plazas en determinados niveles, pero no se refuerzan de manera proporcional las plantillas de los cuerpos generales, que son quienes asumen la tramitación diaria y el soporte real del servicio.
El resultado es claro: más carga de trabajo con menos margen operativo, y eso se traduce en demoras en señalamientos, retrasos en notificaciones, acumulación de tareas y mayor riesgo de errores.
“Lo que se presenta como eficiencia, en muchos órganos está derivando en un ‘sálvese quien pueda’ organizativo”, alerta FAC-USO.
Deficiencias técnicas y «papel cero» que no llega
USO denuncia también que los programas de gestión procesal y herramientas digitales no están plenamente adaptados al nuevo modelo, lo que obliga a duplicar tareas y ralentiza irremediablemente la tramitación.
Lejos de eliminar cargas, se están creando circuitos paralelos que consumen tiempo y recursos.
El pretendido modelo de “papel cero” continúa siendo, en demasiados casos, una promesa incumplida: se tramita digitalmente, pero se mantiene documentación en papel, se repiten pasos y se multiplican gestiones internas.
Esto no solo penaliza al personal; penaliza directamente a la ciudadanía, que sufre un servicio menos ágil y más incierto.
Protocolos «draconianos»: bajas sin cubrir, tutorías obligatorias y sobrecarga al personal con experiencia
Uno de los elementos más preocupantes para USO es la proliferación de protocolos de actuación que normalizan prácticas lesivas para los derechos laborales y para la calidad del servicio. Entre las medidas que se están imponiendo o promoviendo destaca:
- No cubrir bajas ni ausencias, redistribuyendo el trabajo entre el personal disponible como “solución” habitual.
- Imponer la figura de personal “referente” encargado de traspasar conocimiento y formar a nuevas incorporaciones, con responsabilidades añadidas sin voluntariedad, sin reconocimiento y sin retribución.
- Asignar los asuntos más urgentes y prioritarios “en general” al personal con mayor experiencia, convirtiendo la experiencia en un factor de sobrecarga sistemática.
“Se está intentando convertir la formación y la tutela de compañeros en una obligación gratuita, y eso es inaceptable”, denuncia Adriano Moreno.
“No puedes sostener un servicio público esencial sobre la base de que la gente aguante más, trabaje más y calle más”.
FAC-USO advierte de que este modelo, además de injusto, es profundamente ineficaz: aumenta la presión, eleva el desgaste y conduce a desmotivación, lo que deteriora el servicio y multiplica el riesgo de fallos.
Violencia sobre la mujer: cuando un retraso no es un número, es una vida en suspenso
SPJ-USO alerta de que el impacto de esta implantación desordenada es especialmente grave en ámbitos tan sensibles como los órganos y secciones vinculadas a la Violencia sobre la Mujer (antiguos Juzgados de Violencia).
En estos procedimientos, cada demora pesa más: notificaciones, medidas cautelares, órdenes de protección, resoluciones urgentes, comunicaciones con fuerzas de seguridad, coordinación con recursos asistenciales.
En violencia de género, una dilación no es solo una fecha que se mueve en un calendario. Es incertidumbre, desprotección y miedo. Es una víctima que espera una medida y siente que el sistema no llega. Es una familia que no entiende por qué “todo tarda”. Es una mujer que necesita una respuesta y recibe silencio administrativo y judicial.
“Cuando hablamos de colapso no hablamos de estadísticas: hablamos de víctimas esperando protección y de profesionales trabajando al límite”, subraya Moreno. “La Justicia no puede permitirse fallar donde más urgente y humana debe ser”.
FAC-USO exige por ello un plan específico de funcionamiento y refuerzo en estas jurisdicciones y circuitos, para evitar que el nuevo modelo agrave la vulnerabilidad de quienes más dependen de una respuesta inmediata.
Justicia en los pueblos: oficinas sin medios, ciudadanos sin respuesta
La implantación del nuevo modelo organizativo y tecnológico está afectando también a la Justicia en el ámbito rural, particularmente en el funcionamiento de las Oficinas de Justicia en el Municipio (antiguos Juzgados de Paz) y en su conexión con el Registro Civil y los sistemas de tramitación.
SPJ-USO denuncia la falta de medios en muchas oficinas: ordenadores obsoletos, limitaciones técnicas que ralentizan cualquier operación, métodos “caseros” para compartir documentación, y una formación insuficiente para sistemas complejos que están cambiando procedimientos esenciales para la ciudadanía.
Además, se están detectando carencias operativas graves:
- procesos que obligan a trasvases manuales de datos,
- problemas de interoperabilidad con órganos y aplicaciones,
- falta de modelos y formularios habituales,
- exigencias de digitalización con limitaciones técnicas que no se corresponden con la realidad del trabajo diario.
Esto se traduce en una consecuencia directa: ciudadanos que viven en municipios pequeños —personas mayores, familias sin recursos, vecinos sin disponibilidad para desplazarse— se ven obligados a esperar más, a realizar trámites con mayor dificultad o a desplazarse a cabeceras judiciales para gestiones que antes podían resolver cerca de su domicilio.
En un país que habla de cohesión territorial, dejar la Justicia rural sin medios es condenar a la España interior a una ciudadanía de segunda en el acceso a derechos básicos.
Exigimos medidas urgentes: no más improvisación, no más «apagar fuegos»
FAC-USO / SPJ-USO exige una actuación inmediata del Ministerio de Justicia y de las administraciones competentes en los territorios para revertir esta deriva. En concreto, reclamamos:
- Refuerzo inmediato de plantillas de cuerpos generales y cobertura real de bajas, permisos y vacaciones.
- Retirada y revisión de los protocolos que imponen obligaciones fuera de RPT y sin negociación, y fin de la redistribución como “solución” permanente.
- Adecuación técnica de los programas de gestión y aplicaciones, con permisos y herramientas completas para el desempeño del trabajo.
- Cumplimiento real del “papel cero” con medios, procedimientos y soporte: menos propaganda, más inversión.
- Plan específico para evitar disfunciones en violencia sobre la mujer, con refuerzos y circuitos claros.
- Plan de choque para la Justicia en el municipio, con dotación material, formación útil y directrices operativas claras.
- Un enfoque serio de salud laboral: los cambios organizativos no pueden ejecutarse sin evaluar el impacto en riesgos psicosociales y sin medidas preventivas.
“Reformar no puede significar improvisar ni trasladar los problemas a los trabajadores y a los ciudadanos”, concluye Adriano Moreno.
“Exigimos que se deje de experimentar con el servicio público de Justicia y se ponga, de una vez, a las personas en el centro”.
