La Administración de Justicia en Galicia está viviendo semanas de desorganización, sobrecarga y retrasos ligados a la implantación de los Tribunales de Instancia.
Para SPJ-USO Galicia, el problema ya no es solo “una reforma mal ejecutada”: es, sobre todo, la consecuencia directa de la inacción de la Xunta de Galicia, que teniendo competencias y capacidad de actuación, “se limita a observar el incendio y a señalar a otros”.
SPJ-USO Galicia, sindicato mayoritario en la Justicia gallega, denuncia públicamente “una vez más” el caos que se está generando con este nuevo modelo y exige soluciones urgentes.
“La Xunta de Galicia, y más concretamente la Dirección Xeral de Xustiza, no puede seguir ignorando la realidad, mirando hacia otro lado y culpando únicamente al Ministerio. Debe tomar el mando, asumir responsabilidades e invertir de verdad en la Administración de Justicia. Basta ya”, subraya SPJ-USO Galicia.
Un servicio público en tensión
SPJ-USO Galicia advierte de que el impacto de esta situación está llegando de lleno a los ciudadanos: procedimientos que se eternizan, trámites que se atascan, notificaciones que se demoran y una sensación creciente de desamparo para quien acude a un juzgado esperando una respuesta.
“La improvisación la están pagando los ciudadanos”, insiste el sindicato.
Desde SPJ-USO Galicia se remarca que no basta con discursos de modernización o con trasladar el foco al Gobierno central. Galicia tiene un margen claro de actuación: plantillas, refuerzos, medios materiales, organización, protocolos, aplicaciones y condiciones reales para que el trabajo pueda salir. “Si la Xunta tiene la competencia, también tiene la responsabilidad. No puede presentarse como espectadora”, denuncia SPJ-USO Galicia.
Improvisación, falta de medios y protocolos que agravan el colapso
A juicio de SPJ-USO Galicia, la implantación del nuevo modelo se está llevando a cabo sin planificación suficiente, sin medios adecuados y con protocolos de trabajo que, lejos de ordenar, incrementan el colapso.
La reorganización “a toda prisa” está generando problemas en la asignación de personal, unidades fragmentadas, criterios poco claros y una dificultad creciente para cubrir la actividad ordinaria cuando faltan efectivos por bajas, permisos o vacaciones.
El sindicato alerta además de un problema estructural: se anuncian cambios organizativos y se crean determinadas plazas, pero no se refuerzan de manera proporcional los cuerpos generales, que son los que sostienen la tramitación diaria y el funcionamiento real del servicio. El resultado, afirma SPJ-USO Galicia, es previsible: más carga de trabajo con menos margen operativo y una escalada de tensión en juzgados y servicios comunes.
SPJ-USO Galicia añade que las herramientas y aplicaciones no están plenamente adaptadas al nuevo modelo, lo que obliga a duplicar tareas y genera circuitos paralelos que consumen tiempo y recursos. El anunciado “papel cero”, sostiene el sindicato, “sigue siendo en demasiados casos propaganda”: digitalización a medias, procedimientos repetidos, gestiones internas multiplicadas y un desgaste constante que termina repercutiendo en el ciudadano.
Impacto en los procedimientos de VioGen
SPJ-USO Galicia muestra especial preocupación por el impacto en ámbitos sensibles como la Justicia vinculada a Violencia sobre la Mujer. En este terreno, recuerda el sindicato, cada desajuste organizativo y cada retraso pesa más: medidas urgentes, órdenes de protección, notificaciones, coordinación, resoluciones que no pueden esperar.
En estos procedimientos, advierte SPJ-USO Galicia, una demora no es una estadística: es una víctima que sigue esperando protección, es una vida en suspenso. Por eso el sindicato exige refuerzos específicos y circuitos claros que garanticen una respuesta eficaz.
La Galicia rural queda fuera
La situación es especialmente preocupante en el ámbito rural. SPJ-USO Galicia denuncia que las Oficinas de Justicia en el Municipio (antiguos Juzgados de Paz) afrontan el cambio con carencias de medios, limitaciones técnicas y formación insuficiente para sistemas cada vez más complejos, lo que dificulta trámites esenciales para la ciudadanía.
En una comunidad con dispersión poblacional como Galicia, advierte SPJ-USO Galicia, dejar la Justicia rural sin recursos “es condenar a parte de la población a ser de segunda” en el acceso a derechos básicos y obligar a desplazamientos o esperas injustificables para gestiones que deberían resolverse cerca del domicilio.
SPJ-USO Galicia exige medidas urgentes a la Xunta
SPJ-USO Galicia exige una actuación inmediata de la Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Xustiza) para revertir esta deriva. En concreto, reclama:
- Creación de equipos estructurales de trabajo.
- Refuerzo inmediato de plantillas de cuerpos generales, con posterior negociación y modificación de las RPT, y cobertura real de bajas, permisos y vacaciones.
- Retirada y revisión de los protocolos que imponen obligaciones fuera de RPT y sin negociación, y fin de la redistribución como “solución” permanente.
- Adecuación técnica de los programas de gestión y aplicaciones, con permisos y herramientas completas para el desempeño del trabajo.
- Cumplimiento real del “papel cero” con medios, procedimientos y soporte: menos propaganda, más inversión.
- Plan específico para evitar disfunciones en violencia sobre la mujer, con refuerzos y circuitos claros.
- Plan de choque para la Justicia en el municipio, con dotación material, formación útil y directrices operativas claras.
- Un enfoque serio de salud laboral: los cambios organizativos no pueden ejecutarse sin evaluar el impacto en riesgos psicosociales y sin medidas preventivas.
“Reformar no puede significar improvisar ni trasladar los problemas a los trabajadores y a los ciudadanos. Exigimos que se deje de experimentar con el servicio público de Justicia y se ponga, de una vez, a las personas en el centro”, concluye SPJ-USO Galicia.
