FAC-USO rechaza el recorte de derechos del personal empleado público en Castilla-La Mancha y exige una negociación real

La organización sindical advierte de que la modificación normativa que prevén aprobar las Cortes Regionales supondría un nuevo retroceso para el personal empleado público, al limitar opciones de movilidad y desarrollo profesional sin una justificación clara ni negociación efectiva.

FAC-USO ha trasladado formalmente su oposición a la modificación normativa que previsiblemente aprobarán la próxima semana las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, al considerar que supondrá un nuevo recorte de derechos para el personal empleado público.

Según ha denunciado la organización, la medida pretende eliminar la posibilidad de solicitar una excedencia como funcionario de carrera para desempeñar un puesto como personal interino en otro servicio público, una opción que hasta ahora no había generado disfunciones y que, por el contrario, ofrecía margen para la movilidad y el desarrollo profesional dentro del propio sector público.

Desde FAC-USO se considera especialmente grave que una modificación de este alcance se impulse sin haber sido abordada en un proceso de negociación real y transparente con la representación sindical, tal y como exige el marco de relaciones laborales en la administración pública. A juicio del sindicato, no se ha explicado de forma convincente qué problema pretende resolver esta reforma ni qué mejora concreta introduce en la gestión pública.

La organización ya ha trasladado su rechazo a los distintos grupos parlamentarios, acompañando su posicionamiento de preguntas directas y propuestas concretas. Entre ellas, FAC-USO insiste en la necesidad de impulsar de manera decidida la carrera profesional en la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en lugar de promover medidas que restringen derechos consolidados.

FAC-USO defiende que cualquier reforma en el ámbito del empleo público debe orientarse a ampliar derechos, mejorar las condiciones laborales y reforzar la calidad de los servicios públicos. Por ello, reclama que se reconsidere esta enmienda y que se abra un verdadero espacio de diálogo que permita construir soluciones ajustadas a las necesidades reales del personal empleado público.

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