Sí a las 35 horas, pero no de cualquier manera
FAC-USO valora el acuerdo de 35 horas en la AGE, pero exige garantías, refuerzo de plantillas y extensión real al conjunto del empleo público
La Federación considera positiva la reducción de jornada en la Administración General del Estado, pero advierte de que su éxito dependerá de cómo se aplique, con qué medios y a qué colectivos alcance realmente.
FAC-USO valora como un avance la implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado, anunciada tras el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación.
El propio Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha señalado que la resolución para ponerla en marcha se dictará en la primera quincena de abril y que afectará a la Administración del Estado y a sus organismos públicos.
Ahora bien, desde FAC-USO consideramos que este anuncio no puede presentarse como una solución cerrada ni como un éxito completo mientras siga sin conocerse con precisión cómo se va a aplicar en cada ámbito, con qué desarrollo efectivo y con qué garantías para las plantillas.
Reducir la jornada sobre el papel no basta si después cada centro de trabajo, cada departamento o cada servicio acaba interpretando la medida de forma distinta o trasladando a la plantilla la misma carga de trabajo en menos tiempo.
FAC-USO lleva años defendiendo esta reivindicación. Ya denunció el mantenimiento de las 37,5 horas en el IV Convenio Único de la AGE y, más recientemente, volvió a reclamar la jornada de 35 horas como una demanda histórica del sindicato.
Además, en las jornadas de EPSU sobre reducción del tiempo de trabajo, la Federación defendió que este avance solo tiene sentido si se hace sin pérdida salarial, con dotación suficiente de plantillas y con una visión amplia para todas las Administraciones Públicas.
Ese es precisamente el enfoque que FAC-USO quiere trasladar ahora: sí a las 35 horas, pero no de cualquier manera.
Porque el debate no puede quedarse en un titular. El debate real está en si esta reducción irá acompañada de contratación, cobertura de vacantes, reorganización racional de servicios y criterios homogéneos para evitar agravios entre colectivos.
Sin esas garantías, existe el riesgo de que la medida se convierta en una reducción formal de jornada sin mejora real de las condiciones de trabajo ni de la calidad del servicio público.
Esta inferencia se apoya en el propio calendario de desarrollo aún pendiente y en la experiencia desigual ya existente entre administraciones.
Y ahí es donde FAC-USO quiere poner el acento: la AGE no es todo el empleo público.
Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la Administración del Estado suma 246.418 efectivos, frente a 1.934.335 en las comunidades autónomas y 632.030 en la Administración Local, sobre un total de 3.107.195 empleados públicos.
Es decir, cualquier avance en la AGE es importante, pero sigue dejando fuera a la inmensa mayoría del empleo público si no va acompañado de una estrategia más ambiciosa y coordinada.
Además, la desigualdad territorial sigue siendo evidente.
Algunos medios publicaban esta semana que 21 de las 56 principales ciudades españolas todavía no han implantado las 35 horas con carácter general y que seis de las 17 comunidades autónomas tampoco las han generalizado.
Por eso FAC-USO rechaza que los derechos laborales de los empleados públicos sigan dependiendo del territorio, del sector o del tipo de administración en la que se preste servicio.
Por todo ello, desde FAC-USO exigimos que la resolución anunciada por el Ministerio se publique sin demoras y con el máximo nivel de concreción, para evitar interpretaciones contradictorias y desarrollos parciales.
En segundo lugar, reclamamos que la implantación de las 35 horas vaya acompañada de un refuerzo efectivo de plantillas, especialmente en los servicios más tensionados, para impedir que la reducción de jornada se traduzca en sobrecarga, presión asistencial o deterioro del servicio a la ciudadanía.
En tercer lugar, defendemos que se abra de inmediato la negociación en todos los ámbitos con singularidades horarias o jornadas especiales, de modo que ningún colectivo quede relegado o sometido a excepciones indefinidas.
En cuarto lugar, proponemos que el Gobierno impulse un marco de referencia para extender progresivamente esta medida al conjunto del empleo público, respetando las competencias de cada administración, pero garantizando un suelo común de derechos.
Y, en quinto lugar, reclamamos que esta medida no sirva para tapar el resto de cuestiones pendientes: recuperación del poder adquisitivo, jubilación parcial, estabilidad en el empleo, carrera profesional y mejora real de las condiciones laborales.
