FAC-USO Andalucía viene desarrollando una intensa actividad sindical en distintos ámbitos de los servicios públicos, reforzando su papel como organización comprometida con la defensa efectiva de los derechos laborales allí donde persisten la desigualdad, los incumplimientos de la Administración o los acuerdos lesivos para las plantillas.
En los últimos días, esa acción sindical se ha traducido en actuaciones concretas tanto en el ámbito universitario como en el de la Administración de Justicia.
En el sector universitario, FAC-USO Andalucía ha dado un paso firme al presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra el actual acuerdo de carrera profesional del personal PTGAS de las universidades públicas andaluzas, al considerar que contiene elementos claramente discriminatorios.
Según ha denunciado la organización, el pacto excluye del cómputo como servicios efectivos determinados periodos de incapacidad temporal por contingencias comunes, lo que perjudica de manera directa a personas trabajadoras que han sufrido enfermedades de larga duración y les impide progresar profesional y económicamente en igualdad de condiciones.
FAC-USO Andalucía advierte además de que esta regulación deja también fuera supuestos especialmente sensibles como la menstruación incapacitante secundaria o la interrupción del embarazo, ya sea voluntaria o no, lo que, a juicio del sindicato, puede constituir no solo una discriminación por enfermedad, sino también una discriminación indirecta por razón de sexo, contraria al principio de igualdad de trato.
Por ello, ha solicitado formalmente que se declaren nulas estas cláusulas penalizadoras y que se garantice que ninguna persona trabajadora vea frenada su carrera profesional por motivos de salud.
Pero la ofensiva sindical de FAC-USO Andalucía no se limita al ámbito universitario.
En paralelo, SPJ-USO Andalucía ha exigido a la Junta de Andalucía el abono inmediato de las cantidades pendientes correspondientes a dos pagas extraordinarias recortadas en 2013 y 2014 al personal funcionario de Justicia.
El sindicato denuncia que, más de una década después, la Administración autonómica sigue sin devolver unas cuantías cuyo reconocimiento ya ha sido asumido por la propia Junta, prolongando de forma injustificable una deuda con miles de empleados y empleadas públicas.
Desde SPJ-USO se considera inadmisible que se siga aplazando este pago mientras se proyecta una imagen de estabilidad financiera y buena salud presupuestaria.
La organización reclama a la Consejería de Justicia que deje de escudarse en excusas administrativas, ofrezca una respuesta clara y concrete de una vez un calendario de pago real, transparente e inmediato.
Asimismo, advierte de que continuará ejerciendo cuantas acciones sean necesarias hasta lograr la devolución íntegra de esas cantidades al personal afectado.
Ambas actuaciones reflejan una misma forma de entender el sindicalismo: combativa, vigilante y centrada en los problemas reales de las plantillas.
FAC-USO Andalucía está donde tiene que estar, denunciando los acuerdos injustos, exigiendo el cumplimiento de los compromisos pendientes y defendiendo que la igualdad, la dignidad profesional y la retribución justa no pueden quedar al albur de decisiones administrativas ni de pactos que dejen a parte del personal atrás.
FAC-USO seguirá respaldando esta línea de trabajo en todos sus sectores y territorios, porque la acción sindical útil no consiste en callar ante la discriminación ni en resignarse ante los incumplimientos, sino en intervenir, denunciar y pelear cada derecho hasta las últimas consecuencias.
