SPJ-USO Asturias ha solicitado a la Viceconsejería los planes de autoprotección vigentes de todas las sedes judiciales del Principado, después de que la activación de una alarma de incendios en el Palacio de Justicia de Gijón pusiera de manifiesto que buena parte de la plantilla no sabía cómo actuar ni por dónde evacuar el edificio.
SPJ-USO considera que el episodio debe servir para comprobar si los protocolos de emergencia están actualizados, son conocidos por el personal y responden realmente a la configuración actual de cada centro de trabajo.
Los cambios en la Oficina Judicial obligan a revisar la prevención
La implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial está suponiendo una reorganización de espacios y medios en la Administración de Justicia.
La Ley Orgánica 1/2025, que impulsa la transformación organizativa mediante los Tribunales de Instancia y la evolución de las oficinas judiciales, se desarrolla en muchas sedes con cambios en la distribución de puestos, despachos, archivos, estanterías y zonas de trabajo.
SPJ-USO advierte de que estas modificaciones pueden afectar a las vías de evacuación, las salidas de emergencia, la señalización y la accesibilidad de los servicios de emergencia. Por ello, reclama que los planes no se mantengan únicamente como documentos archivados, sino que se correspondan con la realidad física y organizativa de cada sede.
La organización sindical recuerda que el anterior Comité de Seguridad y Salud permaneció seis años sin reunirse y que el nuevo comité quedó formalmente constituido el pasado 1 de julio.
En este contexto, SPJ-USO reclama que el órgano se convoque con carácter urgente para abordar la seguridad de las sedes judiciales.
Formación, simulacros y vías de evacuación operativas
La petición presentada ante la Viceconsejería tiene cuatro objetivos principales:
- Comprobar si el plan vigente de cada sede se adapta a la nueva configuración de la Oficina Judicial.
- Verificar que las vías de evacuación y las salidas de emergencia continúan despejadas y operativas.
- Revisar el funcionamiento de las medidas y medios de protección contra incendios.
- Garantizar la formación del personal y la realización de simulacros de emergencia.
El artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a analizar las posibles situaciones de emergencia, adoptar medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, designar al personal encargado y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de esas medidas. Este deber de protección también se extiende a las administraciones públicas respecto del personal a su servicio.
Asimismo, el Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, contempla la formación e información del personal, el mantenimiento de los medios de emergencia, la revisión de la documentación y la realización de simulacros para comprobar la eficacia de los procedimientos.
La propia normativa prevé que los planes se actualicen cuando cambien las circunstancias que determinaron su adopción. En el caso de las sedes judiciales, el real decreto establece un régimen específico en materia de control administrativo y registro, por lo que resulta especialmente importante que la Administración competente compruebe qué instrumentos preventivos son aplicables en cada edificio y que estos se encuentran actualizados.
SPJ-USO: “La seguridad debe estar garantizada antes de que ocurra una emergencia”
SPJ-USO Asturias subraya que su solicitud no parte de afirmar que todas las sedes judiciales carezcan de plan de autoprotección, sino de la necesidad de conocer su contenido y comprobar su adecuación tras los cambios organizativos y estructurales realizados.
Para el sindicato, una alarma no puede convertirse en el primer momento en que la plantilla descubre que desconoce las rutas de evacuación o las instrucciones que debe seguir. La prevención debe incluir información clara, formación práctica y simulacros que permitan detectar deficiencias antes de que se produzca una emergencia real.
Desde FAC-USO respaldamos esta reclamación y reclamamos a la Viceconsejería que facilite la documentación solicitada, convoque al Comité de Seguridad y Salud y adopte, en su caso, las medidas de actualización y mejora necesarias en las sedes judiciales del Principado.
La seguridad no puede esperar a que la alarma sea real.
