El PSOE ha puesto de manifiesto su intención de derogar la colaboración voluntaria de las empresas con la Seguridad Social en la gestión de las bajas de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, colaboración reconocida legalmente por el actual texto de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).
Anteriormente, el Tribunal de Cuentas ya había alertado de las importantes deficiencias que existen en el actual funcionamiento de la gestión y control de las prestaciones asumidas por las empresas que colaboran voluntariamente con la Seguridad Social.
Concretamente, el órgano fiscalizador en el informe correspondiente a 2015 dejaba claro que la Seguridad Social no estaba ejerciendo de forma eficiente la competencia relativa a la coordinación y tutela sobre la gestión de las empresas que colaboran voluntariamente con esta.
El Tribunal asentaba también que el intercambio de información entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social presentaba importantes deficiencias, a la vez que ponía especial énfasis en que esta Dirección había hecho caso omiso de las recomendaciones en las que se la instaba a impulsar modificaciones normativas para eliminar la modalidad de colaboración voluntaria en la gestión de las prestaciones por IT.
En resumen, ante la obsolescencia normativa en materia de Seguridad Social y los múltiples fallos detectados en su funcionamiento, el Tribunal de Cuentas pedía acabar con la fórmula de colaboración voluntaria con la Seguridad Social en la gestión de bajas laborales por parte de las empresas.
En los últimos días, el PSOE se ha mostrado a favor de derogar este tipo de colaboración y de articular mecanismos adecuados de coordinación y de intercambio de información con el Instituto Nacional de la Seguridad Social en el periodo transitorio hasta que tal derogación pueda ser efectiva. Este espíritu se desprende en las propuestas que ha llevado a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, que serán sometidas posteriormente a votación en las Cortes.
El PSOE demanda aplicar urgentemente medidas de transparencia acerca de la información pública sobre la gestión de fondos públicos realizada por las empresas colaboradoras y modificar el marco legal de referencia con miras a que las empresas abonen todo excedente que tengan año a año y no al momento de finalizar su colaboración. También propone desarrollar reglamentariamente la fijación de los supuestos de imputación de la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de afiliación, altas y bajas de cotización, el alcance de tal responsabilidad, así como la regulación del procedimiento para que estas obligaciones se cumplan de forma efectiva.
Desde USO entendemos que el contundente informe del Tribunal de Cuentas requiere que los poderes públicos tomen un papel activo en este asunto para que pueda ser mejorada la LGSS y eliminar la posibilidad de que incumplimientos como los señalados se sigan materializando de forma cotidiana en nuestro país. En ese sentido, valoramos positivamente la derogación propuesta por el PSOE y el Tribunal estimando que disponer de una legislación más sólida y eficaz en esta materia es fundamental para garantizar una mayor transparencia del Sistema de la Seguridad Social y evitar posibles fraudes.
