USO, junto al resto de organizaciones sindicales integrantes de la Junta de personal del Ayuntamiento de Santa Marta ha denunciado que la Policía Local del municipio está siendo explotada para suplir la carencia de personal en la que se encuentran inmersos por una absoluta falta de planificación y gestión por parte del equipo de gobierno municipal.
En un comunicado, la Junta de Personal asegura que desde el pasado 1 de marzo la Policía Local cuenta con 37,5% menos de efectivos de los que comenzaron a realizar en 2010 el turno 24 horas, porcentaje que asciende al 45,83% en los que realizan el turno de noche.
Esta situación ya había sido advertida por los representantes de los trabajadores haciendo caso omiso el equipo de gobierno, pues llevan varios años plazas de agentes vacantes sin cubrir interesándose únicamente por la vacante del puesto Inspector Jefe y olvidándose de la base fundamental de la pirámide, los agentes, incumpliendo además el ratio mínimo de policías por habitante que establece la ley.
Los policías, hartos de doblar turnos y no poder conciliar su vida laboral con la familiar y personal, han decidido comunicar su renuncia a realizar servicios extraordinarios voluntariamente.
La respuesta apenas 48 horas después del alcalde ha sido dictar un decreto imponiendo la realización forzosa de servicios extraordinarios, lo que supone que los agentes tengan que realizar de manera estructural jornadas de más de 50 horas semanales, en algunos casos más de 60 horas, incluso en el turno nocturno (totalmente prohibido por ley).
La junta de personal del Ayuntamiento señala que es curioso que los agentes a través de sus representantes habían entregado en el mes de abril un proyecto al concejal de Policía, porque este así se lo había solicitado, para garantizar los servicios sin que ello supusiera un aumento de horas extras con el consiguiente ahorro económico, esforzándose los agentes en ofrecer disponibilidad y flexibilidad en los turnos de trabajo hasta que se cubran las plazas vacantes de agentes. Y curioso porque, estando las dos partes de acuerdo, llevan más de dos meses esperando su aplicación pues el alcalde no termina de dictar el decreto excusándose en trámites burocráticos pertinentes, trámites que deben haber sido pasados por alto o tomados a toda velocidad en el caso de imponer los servicios forzosos.
Desde la Junta de Personal Funcionaria consideran este decreto una medida ilegal, arbitraria, desproporcionada y discriminatoria atacando solamente a los agentes que están en condiciones operativas, pasando por encima de sus derechos laborales y familiares, cargándoles obligatoria y temerariamente de trabajo, con el consiguiente riesgo personal y colectivo que implica tratándose de un cuerpo armado encargado de la seguridad del municipio.
Añade que la ley al respecto es clara, existiendo sentencias que indican las situaciones sobrevenidas e imprevisibles de urgente necesidad para la seguridad (accidentes, catástrofes naturales…) como los únicos casos en los que la realización de horas extras será obligatoria para los miembros y fuerzas de seguridad.
Además, este decreto no podrá garantizar la unidad mínima operativa en periodo estival quedando el municipio sin servicio de policía operativo permanente, como ha ocurrido el pasado miércoles por primera vez desde que en el año 2010 comenzase el turno ininterrumpido los 365 días del año.
Por todo ello los sindicatos USO, CCOO, CSIF, UGT, y SPPMCYL instan al alcalde a que rectifique esta medida autoritaria, que de no ser así se verán obligados a denunciar en los juzgados.
