Un nuevo informe adoptado por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU afirma que la exposición de los trabajadores a sustancias tóxicas constituye un reto mundial que puede y debe considerarse una forma de explotación. El CDH solicita a los Estados, las empresas y las organizaciones internacionales que eliminen o reduzcan al mínimo, y con carácter de urgencia, los casos de exposición a estas sustancias. La CSI colaborará con todas las partes interesadas para velar por la puesta en práctica de estas recomendaciones.
La secretaria general de la CSI Sharan Burrow ha expresado: “Los Estados deben hacer todo lo posible para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de la exposición ocupacional a sustancias tóxicas. Las empresas tienen la responsabilidad, como parte de la debida diligencia que se espera de ellas, de prevenir y mitigar las repercusiones sobre los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores, a causa de la exposición a sustancias tóxicas”.
“Samsung, uno de los ejemplos, se ha negado hasta la fecha a publicar el nombre de las sustancias químicas que han provocado la muerte a más de 76 personas y lesiones a más de otras 200. Todas las empresas deben situar la transparencia de las normas de seguridad relativas al uso de sustancias químicas por delante de la codicia corporativa”, ha añadido Burrow.
El nuevo informe presenta 15 recomendaciones para que se protejan, respeten y hagan efectivos los derechos humanos de los trabajadores que han sido vulnerados por la exposición ocupacional de los mismos a sustancias tóxicas y otras sustancias peligrosas.
Entre ellas cabe destacar las siguientes:
- Los Estados deberían criminalizar el hecho que haya trabajadores autorizados a exponerse a sustancias que están o deberían estar reconocidas como peligrosas.
- Los trabajadores, sus familias y sus comunidades deben tener acceso inmediato a un recurso apropiado y efectivo, que debe estar disponible desde el momento de la exposición.
- los trabajadores ni sus familias deberían tener que asumir la carga de demostrar la causa de su enfermedad o discapacidad para acceder a un recurso efectivo.
Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo debería reconocer el derecho a un trabajo seguro y saludable como un derecho fundamental, al igual que las normas fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas.
Se calcula que cada 15 segundos fallece un trabajador debido a la exposición a sustancias tóxicas en el trabajo, mientras que cada año mueren en el mundo más de 2.780.000 trabajadores a causa de unas condiciones inseguras o insalubres en el trabajo. Las enfermedades ocupacionales provocan 2,4 millones (más del 86% del total) de muertes prematuras. Cada año se notifican aproximadamente 160 millones de casos de enfermedades ocupacionales. Se calcula que la inacción por parte de los Estados y las empresas en lo que respecta a esta crisis mundial de salud pública acarrea un coste de casi el 4% del producto interior bruto mundial, es decir, cerca de 3 billones USD.
Informe del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos: enlace al informe (en inglés).
Experto de la ONU Baskut Tuncak, Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos
