USO registró el pasado 31 de octubre una iniciativa legislativa popular consistente en una “Propuesta de Ley de concurso extraordinario de méritos” para regularizar la situación de los empleados públicos interinos e indefinidos no fijos de las diferentes Administraciones Públicas de la CCAA de Extremadura.
Esta iniciativa surge en respuesta a los acuerdos firmados a nivel nacional entre el anterior gobierno y los sindicatos mayoritarios en la función pública, CSIF, CCOO y UGT, que podrían suponer el despido masivo de estos empleados públicos.
Se nos vendieron estos acuerdos como una macro oferta de empleo público, cuando en realidad es un “ERE encubierto” en las Administraciones Púbicas en base a una interpretación torticera e interesada de lo recogido en la Directiva 1999/70/CE y su Acuerdo Marco.
Esta Iniciativa legislativa popular contempla la convocatoria de procesos selectivos consistentes en concursos de méritos donde se valore la experiencia laboral, así como la formación relacionada con el puesto y la titulación académica. Está fundamentada en lo recogido tanto en la Ley de Función Publica de Extremadura como en el Estatuto Básico del Empleado Público, donde se recoge que los procesos selectivos pueden consistir únicamente en una valoración de méritos, así como para dar cumplimiento a las exigencias procedentes de la Unión Europea de bajar el número de temporales al 8% dando estabilidad
Desde USO promovemos que se convoque una autentica oferta de empleo público acorde con las necesidades de las diferentes Administraciones y no camuflarla en la convocatoria de las plazas ocupadas por el personal interino e indefinido, ya que esto no crea empleo, sino el cambio de unos trabajadores por otros. Además de esto, habría que tener en cuenta que tanto el personal interino como el indefinido, en la mayoría de los casos, llevan más de 10 años desempañando sus puestos de trabajo y habría que indemnizarles en caso de despido.
En el conjunto de las Administraciones Públicas de Extremadura hay un total aproximado de 90.000 empleados públicos y si tenemos en cuenta que, según datos de la Unión Europea, cerca del 30% de los empleados públicos están contratados temporalmente, esto supondría que más de 25.000 serían temporales, siendo la mayoría de ellos interinos o indefinidos no fijos, tanto funcionarios, como estatutarios o laborales. El despido de estos trabajadores podría suponer indemnizaciones que alcanzarían varias centenas de millones de euros, pudiendo producir la quiebra presupuestaria de multitud de Administraciones Públicas.
