Los funcionarios de Justicia se han concentrado durante toda la semana delante de juzgados de toda España de diez a diez y media de la mañana para protestar por el cambio exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se está debatiendo en el Congreso y que liberalizará los destinos dentro del propio municipio. SPJ-USO participa de esas protestas, así como de la huelga general de la Justicia el próximo 16 de noviembre, que culminará con una gran manifestación en Madrid.
Protestas que no han sido autorizadas en Sevilla. Por ello, el Sindicato Profesional de Justicia de la USO, SPJ-USO, denuncia la inconcebible negativa de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla a autorizar dichas concentraciones. Los argumentos de la Subdelegación para esta negativa es que “no se aprecia la existencia de causas extraordinarias y graves”, y ello a pesar de que en la solicitud se fundamentan cabalmente las razones de urgencia que han llevado al sindicato a convocar estas concentraciones, que han sido permitidas en el resto de centros.
Desde SPJ-USO “no entendemos esta utilización arbitraria de los poderes públicos para obstaculizar el ejercicio del derecho constitucional de reunión; por ello, anunciamos que vamos a presentar el recurso en materia de derechos fundamentales contra esta violación de la libertad de expresión y de reunión pacífica de los compañeros y compañeras de la Administración de Justicia en Sevilla”, responsable sectorial en Andalucía de SPJ-USO.
Esta medida “es aún menos comprensible cuando se tiene en cuenta la naturaleza del hecho contra el cual estamos protestando. El Congreso tramita una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial con notable perjuicio para los trabajadores, al suprimirse los actuales centros de destino. Así, se cargan de un plumazo cualquier posibilidad de especialización de los funcionarios en una materia concreta, además de recortarse drásticamente el nombramiento de personal de refuerzo o interino, que implicará inevitablemente el colapso de muchos órganos judiciales”, expone Moreno. Por lo cual, “ante un ataque urgente a nuestros derechos, necesitamos medidas urgentes para protegerlos. Ahí es donde concurren las medidas excepcionales que no permiten cumplir los plazos ordinarios, y que en otros organismos han entendido perfectamente”.
