USO lamenta la decisión adoptada por el Gobierno nicaragüense denegando la visita programada para esta semana de una delegación oficial del Parlamento Europeo, con el objetivo de mantener reuniones con todos los actores políticos y sociales, incluido este.
Esta misión informativa, que podría haber servido para efectuar un diagnóstico de la crisis que los diferentes actores de Nicaragua pudieran hacer suyo y negociar salidas al conflicto, estaba compuesta por una delegación encabezada, entre otros, por los españoles Ramón Jauregui y Javier Nart.
Nicaragua está viviendo una situación de inestabilidad, violencia y autoritarismo que pueden derivar a una situación peor, en la que no haya vuelta atrás. El estallido social empezó cuando trabajadores y empresarios, junto con estudiantes, protestaron ante el intento de reforma de la seguridad social por la que se subían las cuotas ante el déficit del sistema. Estallido alimentado por una percepción de casos de corrupción, clientelismo partidario y carencias de desarrollo económico y social.
La falta de diálogo social y la polarización existentes en la sociedad nicaragüense, no superada tras la guerra que hubo en dicho país en la década de los ochenta donde se derribó a una dictadura y que se prolongó a causa de intervención armada fruto de la guerra fría de ‘la contra’ financiada por Estados Unidos, hacen que el conflicto social tenga aristas preconcebidas, que no nos deben ocultar la deriva autoritaria del actual gobierno, los casos de corrupción y situación de la pobreza.
El estallido social fue seguido de una represión con varios muertos, heridos, encarcelados y perseguidos que ha ocasionado una ruptura de antiguos cuadros sandinistas con el partido gobernante, exilio de líderes sociales. Además, el Gobierno de Daniel Ortega ha establecido nuevas normas para el control de las ONG’s que operan en Nicaragua por la acusación de estar alimentando la contestación social y estar financiadas por agencias extranjeras interesadas en un cambio de gobierno.
USO, junto con otras organizaciones, reclama una salida de la crisis de Nicaragua garantizando la defensa de los derechos humanos y el pleno respeto de las libertades democráticas.
